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Solicitud de afectados por hidroituango al Banco Interamericano de Desarrollo para que suspenda crédito a proyecto que viola Derechos Humanos

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Cañón del Río Cauca, Antioquia, Colombia, 27 de noviembre de 2016

Señores(as):

COMITÉ EJECUTIVO BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES (CII)

Washington D.C.
Cordial saludo.

El próximo 29 de noviembre la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) decidirá si invertirá un total de US$550.000.000,00 en las Empresas Públicas de Medellín S.A.E.S.P. (EPM), para la construcción de la represa Hidroituango[1] a través del proyecto número 11794-04.

Las comunidades impactadas por dicha hidroeléctrica, agrupadas en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia y las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes, ponemos en conocimiento de la Corporación la grave situación de violación de derechos humanos y ambientales que se vive actualmente en el terreno intervenido por HidroItuango. Dicha situación, que se viene perpetuando desde que se iniciaron las obras de construcción de la represa, contradice los principios internacionales de derechos humanos y las propias políticas internas de la CII.

Por tanto, las organizaciones firmantes solicitamos tener en cuenta la información aquí presentada y, en consecuencia, abstenerse de la inversión en Hidroituango considerando que la misión del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo es “mejorar la calidad de vida en América Latina y el Caribe”, y que uno de los fines primordiales de la CII es “promover el desarrollo sostenible”, consideramos que se trata de información fundamental para entender los impactos que este proyecto está teniendo en Colombia.

La Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de la CII, de fecha 1 de septiembre de 2013 (en adelante “la Política”), declara que la sostenibilidad ambiental y social de las actividades que apoya es fundamental para lograr resultados de desarrollo positivos[2]. Luego, la misma Política estipula que para el resguardo socioambiental de los proyectos en los que se involucra, la CII se hace responsable de implementar su propia política y de asegurar que todas las inversiones que financia la cumplan[3]. Dice además que no financiará operaciones que no vayan a satisfacer sus requisitos ambientales y sociales en un plazo razonable[4].

Hidroituango atenta gravemente con dichos principios por ser un proyecto que viola derechos humanos y ambientales. Según indican los documentos del proyecto, abiertamente disponibles en el sitio web de la CII, cerca de 700 personas serán desplazadas forzosamente, se afectará la calidad del suelo y del agua, habrán impactos culturales y ambientales considerables y muchas personas perderán la posibilidad de ejercer sus actividades de subsistencia[5]. Lo anterior y mucho más ha sido también ampliamente divulgado en medios colombianos[6], en audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[7] y en diversas manifestaciones de las propias comunidades afectadas[8].

En el Título sobre los compromisos de la CII, la Política dispone que la CII está comprometida con las buenas práctica internacionales en los aspectos sociales de cada proyecto que financia, incluidos los derechos humanos[9]. Lo anterior supone que los clientes realicen consultas públicas rigurosas, se acerquen y comuniquen con las comunidades afectadas y que implementen mecanismos de compensación de reclamos coherentes con los riesgos e impactos sociales y ambientales del proyecto[10]. Pero esto no ha sido cumplido en el proyecto en cuestión. Los procesos de HidroItuango han vulnerado el derecho a la información y a la participación efectiva.

Por un lado, no toda la población que será afectada por Hidroituango fue involucrada en los procesos de participación pues muchas personas ni siquiera fueron incluidas en los censos hechos por la compañía. Este hecho incluso fue reconocido en la Licencia Ambiental otorgada por el gobierno a la compañía para poder iniciar actividades[11].

Igualmente, el estudio de impacto ambiental elaborado por la compañía no fue socializado adecuadamente con las comunidades afectadas. Por el contrario, las obras del proyecto iniciaron antes de que las comunidades locales tuvieran conocimiento sobre los impactos del proyecto y sobre los correspondientes planes de manejo[12]. Además, la licencia ambiental ha sido modificada 11 veces desde el año 2009, pero ninguno de los cambios ha sido socializado adecuadamente con las comunidades afectadas y sólo 3 de estas modificaciones han sido publicadas por la empresa en su página web.

Por otro lado, las comunidades y líderes sociales que han recurrido a la protesta contra el proyecto Hidroituango han sido criminalizadas y sus derechos humanos han sido afectados. Desde que las comunidades campesinas, barequeras, pescadoras y arrieras se empezaron a organizar en el Movimiento de afectados Ríos Vivos Antioquia, dos personas han sido asesinadas y 17 han recibido amenazadas de muerte, (tanto individuales como colectivas). 14 personas ya cuentan con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección y hubo un intento de secuestro, donde el principal sospechoso es el cuerpo de vigilancia privada al servicio de EPM. Además se han denunciado torturas por parte de la fuerza pública y permanente estigmatización por parte de la empresa e inversionistas del proyecto así como de los medios masivos de comunicación. Durante la última movilización social, llevada a cabo en junio de 2016, los paramilitares pidieron suspender la movilización so pena de muerte y prohibieron que durante las marchas se manifestara en contra de EPM o de la obra; a pesar de que estos hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades y denunciados ante la fiscalía, el ambiente de inseguridad no cesa, lo que imposibilita la participación efectiva de las comunidades. (Estas y otras denuncias han sido publicadas en http:debatehidroituango.blogspot.com)

Con respecto a los aspectos sociales, laborales y de salud y seguridad, la misma Política establece claramente que los clientes deben velar por la participación e inclusión de personas indígenas y otros grupos vulnerables, y prevenir impactos adversos hacia ellos[13]. Si bien en la zona de impacto de HidroItuango no existen poblaciones indígenas, si se trata de grupos altamente vulnerables, por tratarse de una zona agobiada por más de cuatro décadas por el conflicto armado. Estas comunidades no han sido correctamente involucradas en consideración de su delicada situación, hasta el momento se desconocen medidas para hacerlo; por tanto ¿Cómo esperar que dichas comunidades puedan tomar decisiones sobre lo que esperan de sus territorios y los proyectos que les afectarán cuando no gozan de paz y tranquilidad en sus casas y veredas?, La empresa no ha actuado para mitigar esa victimización, por el contrario, ha empeorado la situación, según se explica a continuación:

En la región afectada se han perpetrado 50 masacres, en su mayoría por acción de grupos paramilitares. Existe actualmente una investigación en curso en la Fiscalía 15 de Justicia y Paz de Medellín que busca aclarar las relaciones del megaproyecto con estos actores armados; no obstante, después de cuatro años la investigación no ha arrojado resultados. Los afectados han solicitado información sobre el avance de las investigaciones, pero ni la fiscalía ni el gobierno nacional han dado respuesta.

Respecto al reasentamiento involuntario, que deberán sufrir al menos 700 familias, la misma Política de la CII exige compensación equitativa y restauración de los medios de subsistencia, y se remite a la Política de Reasentamiento Involuntario del BID y la norma de Desempeño 5 de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del grupo del Banco Mundial[14]. El proceso de reasentamiento en el caso de HidroItuango no ha cumplido con los mencionados estándares. Esto se evidencia en el expediente del proyecto puesto que en el momento de autorizar el inicio de la construcción del proyecto aún no se habían definido los lugares donde se reubicarían las personas afectadas[15]. Sin embargo, ha habido múltiples denuncias sobre desalojos forzados que en un par de ocasiones han llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[16].

En estos casos no se cumplieron los Principios Básicos para los desalojos forzosos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para este tipo de proyectos[17]. De hecho, la cifra de 700 familias a desplazar no contemplan las más de 500 familias que ya han sido desplazadas y que, a pesar de haber realizado dos declaraciones colectivas juramentadas ante el Estado colombiano, siguen sin ser reconocidas como afectadas por la empresa.

Igualmente, para la compensación de las personas afectadas, no se identificaron e individualizaron las actividades productivas de las comunidades[18], aún cuando la mayoría de las personas se dedican al barequeo, pesca y agricultura, actividades que dependen del río que será intervenido. Lo anterior quiere decir que se autorizó un proyecto cuyo estudio de impacto ambiental no identificó las actividades que serían afectadas, lo cual es esencial para implementar planes de compensación adecuados.

Por otro lado, la Política también se refiere a la problemática del cambio climático, reconociendo su importancia y estableciendo que la mitigación del mismo, y el desarrollo con bajas emisiones de carbono, son aspectos prioritarios de sus inversiones y actividades[19]. Hidroituango  inundará y deforestará más de 4500 hectáreas de Bosque Seco Tropical incluyendo dos poblados[20]; además las grandes represas son responsables de la emisión de grandes cantidades de metano a la atmosfera, un gas efecto invernadero mucho más potente que el CO2[21].

Todas estas vulneraciones, que ya se están dando, podrían agravarse con la inversión adicional que considerará la CII. Por estas razones, la CII, como organismo multilateral destinado a promover el desarrollo regional, debe considerar los hechos y potenciales amenazas y vulneraciones que se sumarían de concretarse la inversión. El verdadero desarrollo, el que contribuye a la realización de todos derechos humanos, tiene la mejora de calidad de vida de las personas y sus comunidades – y no el lucro – como objetivo principal[22].

Por todo lo aquí narrado, y en consideración de las propias políticas sociales y ambientales que rigen el actuar de la CII, corresponde que la Corporación Interamericana de Inversiones se abstenga de invertir en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango y que active los mecanismos que considere pertinentes para proteger los derechos de todas las comunidades afectadas en el cañón del Río Cauca, donde se construye el Proyecto Hidroituango.

Para responder a esta comunicación puede escribir a: riosvivosantioquia@gmail.com
Atentamente,
Organizaciones y grupos articulados al Movimiento en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas Ríos Vivos Antioquia: Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos ASVAM Ituango, ASVAM El Aro Ituango, ASVAM Toledo, ASVAM Briceño, ASVAM Orejón, Chiri y Buenavista de Briceño, ASVAM San Andrés de Cuerquia, ASVAM Peque, Grupo de jóvenes defensores del agua de Ituango, ASOPESVAL Asociación de pescadores de Valdivia, Asociación de Pesqueros y Mineros de Puerto Valdivia AMPA, ASOPESCA Asociación de pescadores de Caucasia, ABC Asociación de Barequeros del Bajo Cauca, ASOMIAVAL Asociación de Mineros de Valdivia, ASOMINSAB Asociación de mineros de Sabanalarga, AMARU Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y el International Accountability Project.

[1] Disponible en Sitio web de la CII: http://www.iic.org/en/projects/project-disclosure/11794-04/planta-hidroel%C3%A9ctrica-ituango

[2] Número 2 del Título I de la Política, sobre Propósitos de la Política

[3] Número 1 del Título III de la Política, sobre Funciones y Responsabilidades de la CII en la Evaluación y Supervisión Ambiental y Social.

[4] Número 2 del Título III de la Política, sobre Funciones y Responsabilidades de la CII en la Evaluación y Supervisión Ambiental y Social.

[5] Disponible en Sitio web de la CII: http://www.iic.org/en/projects/project-disclosure/11794-04/planta-hidroel%C3%A9ctrica-ituango

[6] http://www.semana.com/opinion/articulo/las-sombras-de-hidroituango-opinion-juan-diego-restrepo/407314-3

[7]Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 153 Período de sesiones, octubre 29 de 2014. Desplazamiento forzado y proyectos de desarrollo. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=j70U4_m9pb8 http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/3-newsflash/7198-colombia-desplazamiento-forzado-y-proyectos-de-desarrollo

[8] En el blog “Debate HidroItuango” el Movimiento en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas Ríos Vivos Antioquia, organizado en 15 asociaciones y grupos de pescadores, barequeros (mineros artesanales y ancestrales), cocineras, arrieros, agricultores, entre otros expresa mediante informes de violación de derechos humanos y comunicados públicos lo que están viviendo con la construcción de la hidroeléctrica. Disponible aquí: http://debatehidroituango.blogspot.com.co

[9] Número 7 del Título II de la Política, sobre Compromisos de la CII

[10] Número 7 (i) del Título II de la Política, sobre Compromisos de la CII

[11] Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución 0155. 30 enero 2009. Por la cual se otorga una licencia ambiental para el proyecto central hidroeléctrica “Pescader-Ituango” y se toman otras determinaciones. Disponible en: http://hidroituango.com.co/images/hidroituango/Documentos/Resoluci%C3%B3n%200155%20de%202009%20Licencia%20Ambiental.pdf-

[12] Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución 0155. 30 enero 2009. Por la cual se otorga una licencia ambiental para el proyecto central hidroeléctrica “Pescader-Ituango” y se toman otras determinaciones. Disponible en: http://hidroituango.com.co/images/hidroituango/Documentos/Resoluci%C3%B3n%200155%20de%202009%20Licencia%20Ambiental.pdf-

[13] Número 7 (vi) del Título II de la Política, sobre Compromisos de la CII

[14] Número 7 (viii) del Título II de la Política, sobre Compromisos de la CII

[15] Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución 0155. 30 enero 2009. Por la cual se otorga una licencia ambiental para el proyecto central hidroeléctrica “Pescader-Ituango” y se toman otras determinaciones. Disponible en: http://hidroituango.com.co/images/hidroituango/Documentos/Resoluci%C3%B3n%200155%20de%202009%20Licencia%20Ambiental.pdf-

[16] Ver audiencias de la CIDH sobre derechos humanos, desarrollo e industria extractiva en Colombia. 31 de octubre de 2013: https://www.youtube.com/watch?v=jo866NReaoE; y sobre desplazamiento forzado y proyectos de desarrollo en Colombia. 27 de octubre de 2014: https://www.youtube.com/watch?v=j70U4_m9pb8

[17] http://www.contagioradio.com/nuevamente-epm-y-esmad-realizan-desalojo-forzoso-por-hidroituango-articulo-6521/

[18] Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución 0155. 30 enero 2009. Por la cual se otorga una licencia ambiental para el proyecto central hidroeléctrica “Pescadero-Ituango” y se toman otras determinaciones. Disponible en: http://hidroituango.com.co/images/hidroituango/Documentos/Resoluci%C3%B3n%200155%20de%202009%20Licencia%20Ambiental.pdf-

[19] Número 5 del Título II de la Política, sobre Compromisos de la CII

[20] EPM. Proyecto Ituango. Peque, Sabemos que hay impactos y los manejamos responsablemente. Disponible en: http://www.epm.com.co/site/Nuestrosproyectos/ProyectoItuango/Hechosdeprogreso/Peque.aspx

[21] Bridget R. Deemer, et al. Greenhouse Gas Emissions from Reservoir Water Surfaces: A New Global Synthesis. P.1. 2016. BioScience: biw117v1-biw117. Disponible en: http://bioscience.oxfordjournals.org/content/early/2016/10/02/biosci.biw117.full.pdf+html

[22] Vea Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo en http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm

Gobernación de Antioquia firma decreto para atender conflictos de Hidroituango a solicitud del Movimiento Ríos Vivos Antioquia

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El Decreto 2016 07 000 1606 surge con el objetivo de dar atención a las demandas históricas de los afectados por Hidroituango, para ello se contempla la creación de una Mesa de Diálogo para el Análisis y Búsqueda de Soluciones de Conflictos Generados por la Construcción de Mega Proyectos Minero Energéticos. De este modo es necesario que las organizaciones sociales que se consideran afectadas por megaproyectos en sus territorios se inscriban antes del 14 de mayo en las alcaldías de sus municipios atendiendo lo requisitos de la convocatoria enviada a las respectivas administraciones municipales.
 La formulación de este decreto surgió al término de la Jornada del 14 de marzo de 2016, día internacional de acción contra represas y por los ríos, el agua y la vida celebrada anualmente por las comunidades afectadas por represas alrededor del mundo y en el marco del VI Jornada Nacional en Defensa de los territorios convocada por el Movimiento Ríos Vivos Colombia. Para esta jornada en Medellín se hizo extensiva la invitación a organizaciones sociales, ambientales, sindicatos, académicos y comunidad en general, para llevar a cabo una acción simbólica que buscaba exaltar la importancia de las aguas para la vida y su relación con las culturas que interactúan en las cuencas que están en riesgo de desaparecer por influencia de grandes represas y proyectos mineros de gran envergadura.
 Esta movida cultural y por el agua inició en el parque de Botero donde más de 460 personas provenientes del Cañón del Río Cauca se encontraron con otros procesos organizativos como el Cinturón Occidental Ambiental –COA, el MOVETE, la Mesa Inter-barrial de desconectados, la Mesa de Víctimas de la comuna ocho, Agrodescendientes y el Congreso de los pueblos, entre otras y tras interactuar sobre las problemáticas del agua en la región y el país llegó hasta la plaza Cisneros frente a la Gobernación de Antioquia donde se llevó a cabo un intercambio cultural de las culturas ribereñas, un homenaje a Berta Cáceres, Ananías Rojas, Nilce de Souza  y demás luchadores sociales a los que les han arrebatado la vida por defender los ríos y sus territorios, se exigió la seguridad y protección de Gustavo Castro víctima del abuso de autoridad del Estado Hondureño y se hizo un llamado a todos para Confluir en torno a las luchas por el agua.
 El 15 de marzo el Movimiento Ríos Vivos Antioquia se reunió con el Gobernador Luis Pérez Gutiérrez llegando al acuerdo de construir el Decreto (1606) que buscará dar atención a los conflictos generados por Hidroituango pero también por otros megaproyectos mineroenergéticos en el departamento. Para el Movimiento dicho acuerdo es una señal positiva de la actual gobernación por atender de fondo los conflictos generados por el proyecto Hidroituango, contrario al Gobernador de la “Antioquia la más educada”, quien se rehusó a sostener un diálogo directo con las comunidades afectadas por dicho proyecto a pesar de ser una iniciativa que cuenta con inversión de dineros públicos, 53% es inversión de la Gobernación de Antioquia.
El Movimiento espera que de la mesa de diálogo surjan propuestas y rutas de trabajo para mitigar los impactos de la megaobra, para  dar seguimiento a la licencia ambiental y autos sancionatorios que dan cuenta de los indebidos procedimientos en que ha incurrido la empresa en la ejecución del proyecto, y que por denunciar y cuestionar, los integrantes del movimiento Ríos Vivos han sido estigmatizados y amenazados. En otros casos, como por ejemplo, durante las visitas de la ANLA a la zona en noviembre de 2015, fueron agredidos por personal de seguridad al servicio de la empresa.
Dicha mesa deberá atender las demandas de las comunidades que no encuentran eco o atención en los mecanismos de reclamación del estado e incluso los dispuestos a nivel nacional para dar seguimiento a las licencias ambientales y denunciar irregularidades.
Sin lugar a dudas, el Decreto 1606 es una herramienta que contribuye a la garantía de derechos ciudadanos, a la participación ciudadana en la búsqueda de Justicia Social y Ambiental que pueden hacer uso todas las organizaciones en el área de influencia de megaproyectos minero energéticos en Antioquia que se sientan y puedan demostrar como dichos proyectos les afectan.
Aguas para la vida, no para la muerte.
El río Cauca nos abraza, EPM nos desplaza

 

El Cerrejón en Colombia: vulneraciones del derecho humano al agua, la alimentación y la salud

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Siguen las denuncias en ONU

El Cerrejón en Colombia: vulneraciones del derecho humano al agua, la alimentación y la salud

Amigos de la Tierra Internacional está denunciando los abusos cometidos por el proyecto minero carbonífero El Cerrejón, en el departamento colombiano de La Guajira, en la primer sesión del Grupo Intergubernamental de Trabajo de Naciones Unidas sobre corporaciones transnacionales y derechos humanos, que se realiza en Ginebra, Suiza.

Las corporaciones denunciadas son las tres dueñas del emprendimiento en partes iguales, gigantes del rubro a nivel mundial: BHP Billiton, Anglo American y Glencore.

La zona de explotación del proyecto, que ya lleva más de 33 años, tiene una “completa escasez de los medios de subsistencia por los modelos de ocupación transnacionales que han afectado la vida de la gente, con precariedad absoluta en cuanto a la posibilidad de mantener la vida”, denunció a Radio Mundo Real en Ginebra el activista Danilo Urrea, integrante de CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia. Explicó que las comunidades sufren por las dificultades de acceso al agua, para cultivar sus alimentos y tener sus plantas mediciales. “Se pierde la posibilidad de la cultura en la dimensión más amplia del término”, dijo.

Urrea contó que se prevé que la minería siga explotando en la zona 500 millones de toneladas de carbón que están bajo el río Ranchería, única fuente superficial de agua importante del departamento, y otros 40 millones de toneladas que están bajo el arroyo Bruno.

El integrante de CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra

Tomado de: http://www.radiomundoreal.fm/8418-siguen-las-denuncias-en-onu

La inversión brasilera en Antioquia y las formas rurales y urbanas de habitar el territorio.

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Afiche evento invesion brasilera

–    JORNADA DE REFLEXIÓN –

Medellín, 13 de julio de 2015

En Colombia los planes de gobierno de los últimos 20 años han privilegiado la implementación de un modelo económico de desarrollo extractivo, el cual plantea una reconfiguración territorial a partir de la consolidación de diferentes proyectos y megaproyectos. Uno de los sectores claves para lograr este objetivo es el sector de infraestructura en el cual se han planteado grandes e importantes obras en todo el territorio nacional mediante la construcción de centrales hidroeléctricas, represas, carreteras e hidrovías.

Los megaproyectos actualmente en proceso de ejecución y adjudicación en el país implican importantes impactos en materia social y ambiental tanto a las comunidades directamente afectadas como a los diferentes ecosistemas que se ven transformados, y donde se acumula un pasivo ambiental no cuantificado. A partir de estos impactos consideramos fundamental entender a fondo quienes son los actores principales en los diferentes proyectos y cuál es la responsabilidad de los mismos.

Desde los comienzos de este siglo los grupos empresariales brasileros han tomado el liderazgo en la ejecución de proyectos de infraestructura en toda Suramérica, y en Colombia encontramos a Odebrecht como socia mayoritaria de Navelena, la empresa a cargo del proyecto de recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena; y Camargo y Correa a cargo de la construcción de parte de la Hidroeléctrica de Ituango, ambos proyectos tienen en común el manejo de presupuestos millonarios, y que las obras comprometen a los dos ríos más importantes del país: el Río Magdalena y el Río Cauca.

Es necesario por tanto divulgar como es el desempeño de esas empresas a lo largo del continente, al igual que conocer los escenarios de incidencia por parte de la sociedad civil frente a esas empresas, y por último generar un espacio de dialogo y discusión en torno a las realidades rurales y urbanas en Antioquia y la posibilidad de articulación para la defensa de las formas tradicionales y ancestrales del ser y habitar los territorios.

Objetivos

  1. Reflexionar colectivamente sobre las empresas traslatinas sus modos de operación y rutas de acción para la participación comunitaria
  2. Dialogar entre experiencias urbanas y rurales que priorizan sus formas de vidas y cultura sobre el desarrollismo impuesto

Agenda – Lunes 13 de julio de 2015

10:00 – 10:30 am:      Presentación y reflexión en torno al modelo energético – Movimiento Ríos Vivos

10:30 a 12:30 a.m.     Panel 1. Lanzamiento Libro: Inversión De Empresas Brasileras en América Latina

  • Grupo EPM y la presencia de Camargo correa en el norte Antioquia. Edgar White Jubilado EPM, ex presidente Simtramdes y Relato del Movimiento Ríos Vivos Antioquia.
  • Cómo actúan las inversiones brasileñas. El papel del Banco Nacional de Desenvolvimento. María Elena Rodríguez – IBASE (BRASIL)
  • Las inversiones en el río Magdalena e HidroItuango el papel de Camargo y Correa y Odebrecht en Colombia . Reflexión Vanessa Torres. Ambiente y Sociedad.

 12:30 a 02:00 p.m       RECESO – Almuerzo

02:00 a 04:00 p.m.     Panel 2. Experiencias y propuestas del ser y habitar el territorio

  • Experiencia de la Mesa interbarrial de servicios públicos
  • Experiencias del MOVETE
  • Experiencia Ríos vivos Antioquia
  • Experiencia de la Red de Acción Frente al Extractivismo.
  • Experiencia del Consejo Comunitario Mayor del Río Porce (por confirmar)
  • Intervenciones de los asistentes: sindicatos, organizaciones sociales,

04: 00 p.m. a 05:00 p.m.        Propuestas de articulación y revisión de agendas.

Participantes e invitados:

Comunidades afectadas por las represas en el oriente Antioqueño: Central Hidroeléctrica San Carlos, Calderas, Comunidades afectadas por la construcción de la represas Hidroituango, Comunidades afectadas por la construcción de la represa Cañafisto, Mesa Interbarrial de Desconectados, Comunidades afectadas por las represas del Porce y comunidad en general.

Entrada libre previa inscripción (cupo limitado, se ofrecerá copia del libro para los primero inscritos). Enviar nombre, correo, teléfono de contacto y organización a: riosvivoscolombia@gmail.com

CONVOCANTES

Red de Acción Frente al Extractivismo

Movimiento Ríos Vivos Antioquia

MOVETE

Mesa Interbarrial de desconectados

Asociación Ambiente y Sociedad

Instituto Brasilerio de Analisis Sociais y Economicos – IBASE

Corporación Jurídica Libertad

Coalición para la Transparencia y la Participación

Conciudadanía

Se exige a El Cerrejon y alcaldia de Hatonuevo respetar los derechos de las comunidades

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COMUNICADO

A LA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL Y AL DESLOJADO PUEBLO DE TABACO
 Nuestra comunidad, habitante del corregimiento de Tabaco (municipio de Hatonuevo) en La Guajira colombiana, fue violentamente despojada de su territorio ancestral para la implementación del megaproyecto Cerrejón de extracción de carbón a tajo abierto.
Luego de catorce años del desalojo, en los que hemos luchado por nuestros derechos y hemos obtenido sentencias que obligan a la reubicación del pueblo, la empresa Cerrejón y la alcaldía de Hatonuevo persisten en su abuso de poder en contra de nuestra comunidad para evadir sus responsabilidades en la reubicación.
Ahora, insistiendo en los mecanismos de división y ruptura de nuestra organización Junta Social Pro Reubicación de Tabaco, se atribuyen facultades estatutarias exclusivas de sus miembros que están amparadas por el derecho de asociación y la autonomía organizativa.
Con esto confunden y distorsionan la información convocando a asambleas extraordinarias sin nuestro consentimiento. Esto nos ha obligado a presentar nuevos recursos jurídicos. En el último de ellos el juez de Hatonuevo ordenó a la empresa y a la alcaldía la “suspensión” de la “asamblea que estaba prevista para el 12 de junio” al analizar las razones expuestas por nuestra organización.
Se evidencia una vez más, que la empresa ejerce su poder para evitar que los y las ciudadanas que le reclaman puedan ejercer y realizar sus derechos, y que el estado colombiano en sus diferentes niveles desampara a las comunidades situándose al lado de estas empresas profundizando con ello, las enormes asimetrías de poder que se imponen en los territorios como el nuestro de interés para actividades extractivas.
Esperamos que la empresa Cerrejón, y la alcaldía de Hatonuevo en representación de la institucionalidad colombiana, por fin, respeten los derechos de las  comunidades afectadas por la implementación del megaproyecto carbonífero; escuchen y resuelvan las quejas que cada día se aumentan sobre la pérdida de territorios ancestrales, contaminación y destrucción ambiental, daños en la salud, ruptura de los tejidos sociales, culturales, económicos y agrícolas así como la pérdida sistemática de acceso al agua, la tierra y la justicia.



Junta Social Pro Reubicación de Tabaco
Albania y Hatonuevo Guajira, 11 de junio de 2015

INFORME PRELIMINAR Comisión de verificación Desalojos forzosos por el Megaproyecto Hidroituango.

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Comisión de verificación: violaciones a los Derechos Humanos e infracción al Derecho Internacional Humanitario – Caso desalojos forzosos por el Megaproyecto Hidroituango.
Bitácora
  • La comisión sale de Medellín a las 8 de la mañana el sábado 7 de marzo.
  • A las 12 del medio día se ve obligada a hacer una parada en San Andrés de Cuerquia para conocer el caso de las detenciones ilegales y arbitrarias que sufrieron tres mujeres y un hombre que se encontraban ejerciendo su libre derecho a la protesta social en contra del megaproyecto, se logra interlocutar con el fiscal encargado, el comandante de la estación del municipio y hablar con los retenidos. Esta situación termina con la liberación de los cuatro detenidos a las seis de la tarde. Nos preocupa este tipo de acciones por que no solo vulneran los derechos de los directamente afectados, sino que genera temor en la población que se ve abocada a recurrir a la movilización para exigir sus derechos. Miembros de sijín estuvieron tomando fotos y filmando a los familiares que esperaban frente a la estación de policía. Además se pudo constatar la presencia de Policía y ESMAD en un Coliseo público en este mismo municipio.
  • La comisión continua su recorrido, llega al municipio de Toledo, exactamente al Puente Pescadero, tan pronto descendemos del bus evidenciamos los actos de hostigamiento y registro realizados por la vigilancia privada al servicio de Empresas Públicas de Medellín.
  • Nos dirigimos por la ribera del río Cauca hacia arriba hasta el sector conocido como La Arenera donde nos esperaban comunidades afectadas por el megaproyecto para la recepción de denuncias y poder analizar la situación de riesgo y vulneración de los Derechos Humanos e infracciones el Derecho Internacional Humanitario. Dicha actividad contó con la exposición de integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, organización que convocaba esta actividad.
  • Se reciben denuncias de población de los municipios donde tiene incidencia el megaproyecto hasta las 9 de la noche.
Contexto:
La Comisión de Verificación fue convocada por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia en defensa de los territorios y afectados por represas, con el fin de que organizaciones sociales y de Derechos Humanos constataran la situación de violación de DDHH e infracción del DIH en el marco de la construcción del megaproyecto Hidroituango y específicamente lo relacionado con los desalojos forzosos y desplazamientos forzados que se están realizando para esta mega-obra. La visita propuso observar en terreno las dinámicas sociales y culturales, los impactos y daños que sobre los mismos está generando un megaproyecto con mayoría accionaria de la Gobernación de Antioquia.
-Generalidades sobre las denuncias recibidas:

Vulneración de Derechos Humanos: Se recepcionaron denuncias sobre violaciones al derecho a una vida digna, al mínimo vital, al trabajo, a la libertad de locomoción, a la libre expresión, la libre asociatividad, a una vivienda, al debido proceso, a un ambiente sano, a la intimad, a la integridad física y a la seguridad.

La fuerza pública infringe el Derecho Internacional Humanitario en este territorio especialmente el principio de distinción con bloqueos económicos, empadronamientos, hostigamientos y restricciones excesivas a la población civil.

La mayoría de denuncias giraron alrededor del desconocimiento por parte de los entes institucionales al barequeo como actividad cultural y ancestral en el territorio del cañón del río Cauca y las particularidades de este tipo de población como la trashumancia. Generando esto caracterizaciones inadecuadas como perturbadores e invasores, haciéndole el quite a la normatividad internacional que tiene recomendaciones y protocolos estrictos para la realización de desalojos y desplazamiento de comunidades vulnerables.
No sólo la población es afectada por Hidroituango sino que encontramos que son víctimas del conflicto social, político y armado del país, y la forma de implementación del megaproyecto Hidroituango está generando re victimización de las comunidades.
Es urgente para la implementación de este megaproyecto que los entes gubernamentales y los que tienen incidencia en la implementación del megaproyecto que se ciñan a la normatividad internacional y recomendaciones como los “PRINCIPIOS BÁSICOS Y DIRECTRICES SOBRE LOS DESALOJOS Y EL DESPLAZAMIENTO GENERADOS POR EL DESARROLLO”. También hacemos un llamado para que se reactive los canales de interlocución entre afectados organizados en Ríos Vivos y entes gubernamentales para que se genere los mecanismos necesarios para solucionar los conflictos que se están presentando en el territorio por la implementación del megaproyecto y cesen las violaciones a los Derechos Humanos de estas comunidades.
A la Policía Nacional y al Ejército Nacional les exigimos, cesen inmediatamente los hostigamientos al movimiento social que se están presentando en la región en especial las agresiones que viene sufriendo el Movimiento Ríos Vivos que van desde hostigamientos, pasando por hechos de tortura y agresiones físicas,  hasta el asesinato de dos de sus miembros.
La Arenera, Vereda la Cascarela, municipio de Toledo Antioquia, 8 de marzo de 2015
Movimiento Ríos Vivos
Frente Amplio por la Paz
Unidad Técnica Legislativa del Representante a la Cámara Victor Correa
Unidad Técnica Legislativa del Senador Alberto Castilla
Red Colectivos de Estudio y Pensamiento Latinoamericano CEPELA
Prensa Rural
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Comunicado a la opinión pública. El ambientalismo radical es la defensa de la vida, de la paz y de la naturaleza

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Comunicado a la opinión pública. El ambientalismo radical es la defensa de la vida, de la paz y de la naturaleza

Noviembre de 2014

Como organizaciones que suscribimos el presente comunicado, queremos expresar nuestro llamado y apertura para la construcción de espacios de discusión en los que prima el diálogo democrático y el respeto a posiciones y opiniones diversas que alertan sobre los cambios actuales en la legislación ambiental, que se configuran para el beneficio empresarial en detrimento del ambiente, la población, y la construcción de un país en paz.

El ambientalismo en Colombia se caracteriza por sus aportes en diversos niveles de la realidad nacional, alcanzando un amplio reconocimiento en Latinoamérica producto de la interdisciplinariedad y hermanamiento de visiones académicas, organizacionales, territoriales, comunitarias, etcétera, que han posicionado y alcanzado logros significativos en materia ambiental, avances que hoy parecen desmoronarse ante los cambios políticos y legislativos. Principalmente, es imperativo hacer mención del posicionamiento que este enfoque ha tenido en los territorios, espacios desde los que se fortalece y defiende los postulados de defensa de la vida, en una continua recreación del ambientalismo popular.

Como organizaciones que suscribimos el presente comunicado, queremos expresar nuestro llamado y apertura para la construcción de espacios de discusión en los que prima el diálogo democrático y el respeto a posiciones y opiniones diversas que alertan sobre los cambios actuales en la legislación ambiental, que se configuran para el beneficio empresarial en detrimento del ambiente, la población, y la construcción de un país en paz.

Consideramos que la libre expresión y el debate argumentado son ejes fundamentales para la construcción de un proyecto de país justo, lo que al tiempo implica, en general, la participación amplia en la construcción de la política pública que oriente el futuro de Colombia, y, en particular, el debate respecto a la política minero – energética.

En momentos en que la cotidianidad de la información en Colombia, y los discursos oficiales gubernamentales y empresariales se proyectan en torno a la anhelada paz, diversos sectores populares, organizaciones ambientalistas y movimientos sociales han advertido la necesidad de pensar con mayor profundidad los significados y contenidos de dicho anhelo.

Para quienes han sufrido históricamente la guerra, la injusticia y la impunidad, la paz no incluye solamente la firma de acuerdos entre agentes armados, es imprescindible también la inclusión participativa del conjunto de la sociedad colombiana; alcanzar la paz implica necesariamente transitar hacia la transformación del modelo de desarrollo basado en el extractivismo, y su correlativa política minero – energética, que ha despojado y afectado irreversiblemente territorios rurales y urbanos.

Ante planteamientos de este tipo, que atañen al trasfondo de la paz y la justicia, y que conllevan a una necesaria discusión sobre el modelo de desarrollo y el papel de la institucionalidad colombiana para la protección ambiental y de la población, se ha tenido como respuesta desde algunas columnas de prensa, empresas y funcionarios del gobierno, la construcción paulatina de discursos que tienden a la estigmatización de quienes nos oponemos al extractivismo depredador. La construcción de estos discursos persigue la desligitimación de posiciones contrarias al modelo corporativo, e intencionan una falsa encrucijada en la que debiéramos escoger entre el desarrollo o la guerra. Infortunadamente, estos planteamientos aumentan la polarización en un país en el que no prima el respeto por la vida, y agudizan la hostilidad que pone en riesgo la integridad de las y los luchadores sociales y defensores de la naturaleza. Simplemente basta dar una mirada a las cifras que ubican a Colombia como el tercer país en crímenes a defensores ambientales.

Precisamente, en las últimas semanas, se ha denominado radicales extremos a quienes plantean la necesidad de acoger la legislación nacional, los preceptos constitucionales y la participación de los pueblos en las decisiones referidas a los proyectos extractivos y al ambiente de Colombia.

Este debate y las posiciones contrapuestas han surgido y se han acrecentado por la propuesta del gobierno nacional de reformar el procedimiento de licenciamiento ambiental por medio del decreto presidencial 2041. No obstante, es importante recordar que la propuesta de disminuir competencias al Ministerio de Ambiente y aligerar los procedimientos referidos al licenciamiento ambiental, no inició con este decreto, tiene varios antecedentes; entre ellos vale la pena resaltar el Plan Nacional de Desarrollo de 2011, donde en el artículo 224 se establece que si en un tiempo de 90 días no se define la licencia ambiental de un proyecto, se creará un comité integrado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Director Nacional de Planeación y el delegado del ministerio cabeza del sector al que corresponde el proyecto del caso. Así, la experiencia y autoridad en el tema se reduce al voto de personas que probablemente no tengan conocimientos suficientes en el campo ambiental.

Hacer más ágil el procedimiento de las licencias ambientales corresponde a políticas gubernamentales para garantizar la aceleración del inicio de los proyectos, dando prioridad a la política de confianza inversionista, sobre los derechos colectivos a gozar de un ambiente sano.

Los antecedentes del decreto actual se remontan también a la expedición del Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010, por parte del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En días pasados el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible manifestó que el nuevo decreto de licencias ambientales no modifica los tiempos de los procedimientos. No es cierto. Al comparar el decreto 2041 de 2014 con el 2820 de 2010, se observa que:

1) En el articulo 23, sobre el Diagnostico Ambiental de Alternativas -DAA-, el decreto 2041 de 2014 establece tiempos de 15 días hábiles para visitar opcionalmente la zona y 3 días hábiles para requerir información adicional, por única vez. Estos tiempos antes estaban a menester de la autoridad ambiental según las exigencias técnicas y sociales. Ahora se condiciona a tiempos y procedimientos definidos abruptamente.

2) Se restringe a 30 días hábiles la evaluación del DAA y la elección de la alternativa sobre la cual deberá elaborarse el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.

3) Se condiciona a la autoridad ambiental a expedir de manera inmediata el acto administrativo de inicio de trámite de la licencia al momento de completar los requisitos del peticionario (Art. 25 Decreto 2041 de 2014). Antes se contaba con un tiempo prudente para examinar que la documentación presentada se entregase acorde a los requerimientos.

4) En cuanto a las licencias ambientales globales, que se otorgan a proyectos mineros y de hidrocarburos, las empresas pueden presentar un Plan de Manejo Ambiental e iniciar las obras sin esperar aprobación de parte de las autoridades ambientales, esto genera grandes preocupaciones frente a la aplicación, por ejemplo, de la Fractura Hidráulica (fracking), nueva técnica de explotación y frente a la que existen en el mundo fundadas y probadas incertidumbres.

Desde la lectura y análisis que permiten los antecedentes y la actualidad del licenciamiento ambiental, podemos señalar que con la nueva reforma se concreta la modificación de los tiempos para los trámites correspondientes a la solicitud de licencias, y existen más incertidumbres que certeza frente al papel de la institucionalidad y frente a la protección de los pueblos y sus territorios.

Ahora bien, en la perspectiva del debate, no se trata de definir si es mejor o no la reforma actual respecto a las anteriores, es importante dejar claro que las continuas modificaciones a la legislación ambiental, específicamente en lo concerniente a las licencias, minan las posibilidades de realizar un verdadero control institucional y social; la expedición de una licencia se reduce cada vez más a llenar un requisito, en lugar de validar un procedimiento que dé garantía de protección de los bienes comunes, de la población y de la vida misma de las futuras generaciones. De fondo asistimos a la imposición de una legislación (también con la que se proyecta con la ley de baldíos) que de manera truculenta pone en riesgo incluso la materialización de los acuerdos que se predica alcanzados en la negociación que se lleva a cabo en la cubana ciudad de La Habana para poner fin al conflicto armado.

La construcción de un país en paz implica la opinión de diversos sectores y de la sociedad colombiana frente a temas como el licenciamiento ambiental, y las legitimas dudas que las modificaciones generan. Estamos abiertos y damos la bienvenida al debate argumentado, cerrando la puerta a cualquier tipo de estigmatización y deslegitimación desde tribunas mediáticas en las que se confunde la opinión con ataques viscerales a convicciones desde las que se persigue la defensa de la vida. Defender la vida en cualquiera de sus manifestaciones es efectivamente una posición radical -no extrema-, entendiendo por radical la posibilidad de ir a la raíz de los problemas para enfrentarlos desde sus causas estructurales, de manera democrática, justa y respetuosa. Invitamos a la apertura de espacios de estas características que aporten a la construcción de país digno, con justicia social y ambiental.

Firman:

AGROVIDA – Santander

Asamblea territorial Rio fucha

Asociación Ambiental Chinampa 

Asociación Campesina Manos Unidas Tierras Productivas (Fredonia)

Asociación de Familias Campesinas por un Campo Mejor. Támesis

Asociacion Indigena Alejia Wakuaipa (Retorno a Nuestra Cultura)

Campaña Colombia 100% Libre

CENSAT Agua Viva

Cinturón Occidental Ambiental (COA) -Antioquia

Circuito de Economía Solidaria de Támesis

Colectivo Agrario Abya Yala

Colectivo de Reservas Campesinas y Comunitarias de Santander

Colectivo Ecologista Campo

Colectivo Juventud Sumapaceña

Colectivo por la protección de la provincia de sugamuxi

Colectivo SocioAmbiental Juvenil Cajamarcuno (Colectivo Cosajuca)

Colectivo zoolodistri

Comité Ambiental en Defensa de la Vida Tolima

Comité de Defensa del Cerro de los Andes- Municipio del Carmen-Santander

Comité de Defensa del Sector de Río Blanco contra la minería de carbón- Velez- Landázuri-Santander

Comité por la Defensa del Territorio (CODEATE)

Coordinador Nacional Agrario de Colombia (CNA)

Coordinadora Estudiantil de Asuntos Rurales (CEAR)

Corporación Compromiso

Corporación Terrha

Corporación Valle del Paraiso

Culturagua 

EducarConsumidores

Emprender Solidario

Escuela Mujer y Minería

Fundación Asomaklenke – Santander

Grupo Cultura y Ambiente, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

Grupo de estudio e investigación en Agroecología (Graeco). Universidad Nacional de Medellín

ILSA – Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos

Instituto Nacional Sindical-CEDINS

Mesa Ambiental Farallones (Ciudad Bolívar, Antioquia)

Minga Juvenil Nacional 

Movimiento ambiental caminando el territorio

Movimiento en Defensa del Río Sogamoso

Movimiento Ríos Vivos

Observatorio de Conflictos Mineros de America Latina OCMAL

Observatorio de expansión Minera y Resistencias

Otros Mundos Colombia

Proceso de Comunidades Negras PCN

Proyecto Gramalote

PUP Poder y Unidad Popular

Red de Acción Participativa

Red de Semillas Libres de Colombia.

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay

Semillero de Investigación en Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Colombia (SINDER UN) 

Senador Jesus Alberto Castilla

Serankua ETA

Tierra Libre 

Zak Ecológico

Aida Quiñones

Alba Arciniegas

Alberto Amaya Ibañez

Alberto Villarreal

Álvaro Zerda Sarmiento

Angela Nahirobi Talero Walteros 

Arturo Barajas O.

Arturo Escobar

Camila Cristancho Prieto

Carlos Arnulfo Alba Forero

Carolina Maldonado Lizarazo

Catalina Caro Galvis

Dana Jaimes

Eneida Polanía Pardo

Ermindes David Pabón

Fernando A. Bayona Rincón

Fernando Michaels

Germán García Durán

Gilbert Garcia Suazo

Gilberto Pinzon

Héctor Romero

Herny Pérez h

Jośe R. márquez

Karol Zambrano

Laura Villegas

Marcela Gómez

Mariaclara López Ruiz

Michael Antonio Molina Cruz

Nelson Fabian Solorza Barrera

Omar Umaña Leal

Orlando Fonseca

Paola Catalina Velasquez Carvajal

Tatiana Roa Avendaño

Tomado de: http://censat.org/apc-aa/view.php3?vid=81&cmd%5B81%5D=x-81-3339