Ambientalistas denuncian fraude procesal en el proceso de nulidad de la licencia ambiental del Túnel de Oriente

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Comunicado

28 de junio de 2011

En el mismo momento en que el gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos firmará el acta de inicio de la fase II del contrato de concesión para la construcción y operación del Túnel de Oriente, desatendiendo el clamor de amplios sectores sociales, varias organizaciones ambientalistas denuncian posible fraude procesal y entablan denuncia penal para que se investigue este ilícito.

Las organizaciones Ambientalistas y muchos habitantes del corregimiento de Santa Elena han expresado desacuerdo con este megaproyecto y han propiciado e invitado a un más amplio y profundo debate público sobre la verdadera necesidad de este túnel y sus impactos ambientales sociales y culturales. Han exigido actuar con responsabilidad, precaución y cautela ante la incertidumbre sobre los efectos negativos de esta obra.

Oídos sordos presta la gobernación del Dr. Luis Alfredo Ramos y de manera unilateral e inconsulta se apresta a dar continuidad a un proyecto que más que beneficios traerá efectos negativos a esta hermosa montaña que es condición de la calidad de vida de estas ciudades que crecen y crecen sin medida en los Valles de Aburra y San Nicolás.

Las organizaciones ambientalistas han denunciado la vulneración de derechos colectivos y del ambiente que la construcción del túnel conlleva, la pérdida de un ecosistema estratégico para la calidad de vida de la población que habita el corregimiento declarado patrimonio cultural de nuestro país junto con los silleteros símbolo de identidad y emblema de la fiesta de las flores. La pérdida de las fuentes de agua que suministran el líquido vital a los acueductos comunitarios y a sectores urbanos de Medellín, la pérdida del paisaje y los efectos contaminantes en la construcción y posterior operación del Túnel. Una herida innecesaria a la montaña, pues no se comparece este daño ambiental con los beneficios que supuestamente traería la construcción de este complejo vial.

Las organizaciones ambientalistas plantean la necesidad de analizar otras alternativas que privilegien el transporte público y no impliquen estos daños ecológicos a una montaña geológicamente inestable, territorio de vida y cultura, bien común de nuestra sociedad, idea que es acogida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del Dr. Jorge Octavio Ramírez en sentencia de primera instancia.

Como es sabido por la opinión pública la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, La Corporación Vamos Mujer, la Corporación para la Investigación y el Ecodesarrollo Regional -CIER-, La Corporación Guardabosques y otras instauraron demanda de nulidad simple en contra de La CORPORACION AUTONOMA Y REGIONAL RIONEGRO-NARE CORNARE para que se declarara la nulidad de las resoluciones No. 1764 de 2002 expedida por CORNARE y No. 928 de 2002 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, que fue admitida el 9 de abril de 2003.

El tribunal ordena comunicar al Departamento de Antioquia y a las compañías que conforman la concesión de la existencia del proceso para que si lo consideran del caso comparezcan al proceso o como parte coadyuvante o impugnadora de conformidad con lo dispuesto en el art.146 del Código Contencioso Administrativo, y como consta en el expediente obran copias de las comunicaciones dirigidas al señor Gobernador de Antioquia de ese entonces abril 1 de 2005 Aníbal Gaviria Correa y Gonzalo Echeverri Palacio representante legal de la Conexión Vial Aburrá – Oriente firmadas ambas por el secretario General del Tribunal Administrativo de Antioquia JOSE IGNACIO MADRIGAL ALZATE.

El 18 de febrero de 2009 se falla por el Tribunal Administrativo de Antioquia declarando la Nulidad de las resoluciones números 1764 de 2002 y 0928 de 2002 esta decisión es apelada por el representante judicial de la demandada y es enviada al Consejo de Estado a la Sala de lo Contencioso – Administrativo.

Pero de manera insólita y dándose por no notificada la sociedad Concesión Túnel de Aburrá – Oriente S.A. mediante escrito presentado el 22 de Octubre de 2009 solicitó la Nulidad de lo actuado por cuanto ni la Concesión ni el Departamento de Antioquia fueron vinculados al proceso. Es decir, seis años después, solicitan esta nulidad con el argumento de la desinformación cuando además de las notificaciones del tribunal, los medios de comunicación hicieron despliegue de esta demanda en su momento y además realizamos masivos eventos de deliberación sobre esta obra.

Como en el proceso no obraba constancia del envío de las comunicaciones de folios 136 y 137 el Consejo de Estado ofició al Tribunal Administrativo de Antioquia el 3 de Febrero de 2011, para que certificara las fechas de envío y recibo de las comunicaciones. El secretario General del Tribunal Administrativo de Antioquia respondió el 18 de marzo de 2011:

“La Carpeta de planillas de correo de envío que firmaba ADPOSTAL como recibido de Tribunal no se encontró en los archivos.”

“ADPOSTAL funcionó como entidad pública hasta el primer trimestre de 2006, con la debida autorización ADPOSTAL destruyó sus archivos de antes de 2006, lo que implica que no hay posibilidad de confirmar si los telegramas solicitados fueron recibidos o no por sus destinatarios…”

Con fundamento en esta respuesta el 4 de mayo de 2011 el Consejo de Estado declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso desde el auto admisorio de la demanda inclusive.

Por eso la denuncia penal se fundamenta en este hecho ya que “La desaparición, destrucción u ocultamiento de la Carpeta de Planillas de correo de envío del Tribunal Administrativo de Antioquia donde constaba el envío de los telegramas obrantes a folios 136,137, se hizo de mala fe, buscando con ello hacer caer en un yerro jurídico al Magistrado ponente del Consejo de Estado, Marco Antonio Velilla.

Con esta acción DOLOSA se obtuvo la nulidad de un proceso que duro 8 años y tenía una sentencia favorable a nuestras pretensiones, en primera instancia. De allí que solicitemos a la Fiscalía General de la Nación iniciar Investigación Penal para determinar el autor o los autores de dicho ilícito y la JUDICIALIZACIÓN DE LOS MISMOS.

JAVIER MARQUEZ VALDERRAMA

CC. No. 70.507.540 de Itagui

Presidente Consejo Regional

ECOFONDO Antioquia – Viejo Caldas

OLGA LUCIA RAMIREZ RAMIREZ,

CORPORACION VAMOS MUJER

AMALIA CUERVO TAFUR

CORPORACION ECOLOGICA Y CULTURAL PENCA DE SABILA

HECTOR MAURICIO GALLEGO ARIAS

CORPORACION GUARDABOSQUES

HERNANDO MEJÍA DIEZ

CORPORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL Y EL BIENESTAR AMBIENTAL LA CEIBA

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