Corte Constitucional ordenó restituir hacienda Las Pavas a campesinos

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Del predio fueron despojadas por los paramilitares decenas de familias en el sur de Bolívar.

Tomado de El Tiempo.com Mayo06 de 2011

La Corte Constitucional le ordenó al Incoder expropiar predios de las haciendas ‘Las Pavas’, ‘Peñalosa’ y ‘Si Dios quiere’, ubicadas en el municipio de El Peñón, en el departamento de Bolívar.

La decisión fue tomada al resolverse una tutela presentada por un grupo de desplazados.

El alto tribunal le ordenó al Incoder continuar con el proceso de extinción de dominio sobre esos tres predios, para que esas tierras sean restituidas a dicho grupo.

A su vez, la Corte previno a las autoridades para que vigilen el trámite de la restitución y posesión de esas tierras.

Dichos predios (con 1.235 hectáreas de tierra) fueron ocupados por un grupo de campesinos desde 1987, luego de que su dueño, Jesús Emilio Escobar Fernández, los abandonara.

La lucha por la restitución

A principios del pasado mes de abril un grupo de campesinos se plantó frente a la hacienda palmera, que se convirtió en un elemento emblemático y delicado del proceso de restitución de tierras.

“Armaron un campamento, pusieron unas carpas y están siempre bajo la vigilancia de la Policía, pero hasta el momento no han ingresado de lleno a la finca”, le dijo a EL TIEMPO en ese momento el secretario del Interior de Bolívar, Roberto Camargo.

Con esta acción los campesinos le pedían al Gobierno que no los considerara invasores, que les protegiera la vida y le reclamaban celeridad en el proceso de restitución.

En ese entonces, en un comunicado público, los campesinos aseguraron que fueron víctimas del desconocimiento del legítimo derecho a la defensa y del debido proceso por parte del inspector central de policía del municipio de El Peñón.

“Ese señor, en abuso de su atribuciones, llevó a cabo el desalojo de 120 familias del predio ‘Las Pavas’, impidiendo que ejerciéramos la oposición que permite el artículo 13 del decreto 992 que dicta: ‘Si antes de practicarse el lanzamiento el ocupante de la finca o heredad exhibiere un título o prueba que justifique legalmente la ocupación, el alcalde suspenderá la diligencia de lanzamiento, quedando en libertad los interesados para ocurrir al poder judicial’, pero eso no se cumplió”, dice el texto.

La Asociación de Campesinos de Bolívar (Asotab), de la que hacen parte los labriegos que exigen sus derechos, está conformada por 123 familias campesinas que congregan a más de 500 personas.

Esta asociación le exigía al Estado colombiano “el respeto al debido proceso, al derecho a la tierra, al mínimo vital, al trabajo, a la vida, a la integridad y a la protección especial que merecemos la población en situación de

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