Se exige a El Cerrejon y alcaldia de Hatonuevo respetar los derechos de las comunidades

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COMUNICADO

A LA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL Y AL DESLOJADO PUEBLO DE TABACO
 Nuestra comunidad, habitante del corregimiento de Tabaco (municipio de Hatonuevo) en La Guajira colombiana, fue violentamente despojada de su territorio ancestral para la implementación del megaproyecto Cerrejón de extracción de carbón a tajo abierto.
Luego de catorce años del desalojo, en los que hemos luchado por nuestros derechos y hemos obtenido sentencias que obligan a la reubicación del pueblo, la empresa Cerrejón y la alcaldía de Hatonuevo persisten en su abuso de poder en contra de nuestra comunidad para evadir sus responsabilidades en la reubicación.
Ahora, insistiendo en los mecanismos de división y ruptura de nuestra organización Junta Social Pro Reubicación de Tabaco, se atribuyen facultades estatutarias exclusivas de sus miembros que están amparadas por el derecho de asociación y la autonomía organizativa.
Con esto confunden y distorsionan la información convocando a asambleas extraordinarias sin nuestro consentimiento. Esto nos ha obligado a presentar nuevos recursos jurídicos. En el último de ellos el juez de Hatonuevo ordenó a la empresa y a la alcaldía la “suspensión” de la “asamblea que estaba prevista para el 12 de junio” al analizar las razones expuestas por nuestra organización.
Se evidencia una vez más, que la empresa ejerce su poder para evitar que los y las ciudadanas que le reclaman puedan ejercer y realizar sus derechos, y que el estado colombiano en sus diferentes niveles desampara a las comunidades situándose al lado de estas empresas profundizando con ello, las enormes asimetrías de poder que se imponen en los territorios como el nuestro de interés para actividades extractivas.
Esperamos que la empresa Cerrejón, y la alcaldía de Hatonuevo en representación de la institucionalidad colombiana, por fin, respeten los derechos de las  comunidades afectadas por la implementación del megaproyecto carbonífero; escuchen y resuelvan las quejas que cada día se aumentan sobre la pérdida de territorios ancestrales, contaminación y destrucción ambiental, daños en la salud, ruptura de los tejidos sociales, culturales, económicos y agrícolas así como la pérdida sistemática de acceso al agua, la tierra y la justicia.



Junta Social Pro Reubicación de Tabaco
Albania y Hatonuevo Guajira, 11 de junio de 2015

INFORME PRELIMINAR Comisión de verificación Desalojos forzosos por el Megaproyecto Hidroituango.

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Comisión de verificación: violaciones a los Derechos Humanos e infracción al Derecho Internacional Humanitario – Caso desalojos forzosos por el Megaproyecto Hidroituango.
Bitácora
  • La comisión sale de Medellín a las 8 de la mañana el sábado 7 de marzo.
  • A las 12 del medio día se ve obligada a hacer una parada en San Andrés de Cuerquia para conocer el caso de las detenciones ilegales y arbitrarias que sufrieron tres mujeres y un hombre que se encontraban ejerciendo su libre derecho a la protesta social en contra del megaproyecto, se logra interlocutar con el fiscal encargado, el comandante de la estación del municipio y hablar con los retenidos. Esta situación termina con la liberación de los cuatro detenidos a las seis de la tarde. Nos preocupa este tipo de acciones por que no solo vulneran los derechos de los directamente afectados, sino que genera temor en la población que se ve abocada a recurrir a la movilización para exigir sus derechos. Miembros de sijín estuvieron tomando fotos y filmando a los familiares que esperaban frente a la estación de policía. Además se pudo constatar la presencia de Policía y ESMAD en un Coliseo público en este mismo municipio.
  • La comisión continua su recorrido, llega al municipio de Toledo, exactamente al Puente Pescadero, tan pronto descendemos del bus evidenciamos los actos de hostigamiento y registro realizados por la vigilancia privada al servicio de Empresas Públicas de Medellín.
  • Nos dirigimos por la ribera del río Cauca hacia arriba hasta el sector conocido como La Arenera donde nos esperaban comunidades afectadas por el megaproyecto para la recepción de denuncias y poder analizar la situación de riesgo y vulneración de los Derechos Humanos e infracciones el Derecho Internacional Humanitario. Dicha actividad contó con la exposición de integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, organización que convocaba esta actividad.
  • Se reciben denuncias de población de los municipios donde tiene incidencia el megaproyecto hasta las 9 de la noche.
Contexto:
La Comisión de Verificación fue convocada por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia en defensa de los territorios y afectados por represas, con el fin de que organizaciones sociales y de Derechos Humanos constataran la situación de violación de DDHH e infracción del DIH en el marco de la construcción del megaproyecto Hidroituango y específicamente lo relacionado con los desalojos forzosos y desplazamientos forzados que se están realizando para esta mega-obra. La visita propuso observar en terreno las dinámicas sociales y culturales, los impactos y daños que sobre los mismos está generando un megaproyecto con mayoría accionaria de la Gobernación de Antioquia.
-Generalidades sobre las denuncias recibidas:

Vulneración de Derechos Humanos: Se recepcionaron denuncias sobre violaciones al derecho a una vida digna, al mínimo vital, al trabajo, a la libertad de locomoción, a la libre expresión, la libre asociatividad, a una vivienda, al debido proceso, a un ambiente sano, a la intimad, a la integridad física y a la seguridad.

La fuerza pública infringe el Derecho Internacional Humanitario en este territorio especialmente el principio de distinción con bloqueos económicos, empadronamientos, hostigamientos y restricciones excesivas a la población civil.

La mayoría de denuncias giraron alrededor del desconocimiento por parte de los entes institucionales al barequeo como actividad cultural y ancestral en el territorio del cañón del río Cauca y las particularidades de este tipo de población como la trashumancia. Generando esto caracterizaciones inadecuadas como perturbadores e invasores, haciéndole el quite a la normatividad internacional que tiene recomendaciones y protocolos estrictos para la realización de desalojos y desplazamiento de comunidades vulnerables.
No sólo la población es afectada por Hidroituango sino que encontramos que son víctimas del conflicto social, político y armado del país, y la forma de implementación del megaproyecto Hidroituango está generando re victimización de las comunidades.
Es urgente para la implementación de este megaproyecto que los entes gubernamentales y los que tienen incidencia en la implementación del megaproyecto que se ciñan a la normatividad internacional y recomendaciones como los “PRINCIPIOS BÁSICOS Y DIRECTRICES SOBRE LOS DESALOJOS Y EL DESPLAZAMIENTO GENERADOS POR EL DESARROLLO”. También hacemos un llamado para que se reactive los canales de interlocución entre afectados organizados en Ríos Vivos y entes gubernamentales para que se genere los mecanismos necesarios para solucionar los conflictos que se están presentando en el territorio por la implementación del megaproyecto y cesen las violaciones a los Derechos Humanos de estas comunidades.
A la Policía Nacional y al Ejército Nacional les exigimos, cesen inmediatamente los hostigamientos al movimiento social que se están presentando en la región en especial las agresiones que viene sufriendo el Movimiento Ríos Vivos que van desde hostigamientos, pasando por hechos de tortura y agresiones físicas,  hasta el asesinato de dos de sus miembros.
La Arenera, Vereda la Cascarela, municipio de Toledo Antioquia, 8 de marzo de 2015
Movimiento Ríos Vivos
Frente Amplio por la Paz
Unidad Técnica Legislativa del Representante a la Cámara Victor Correa
Unidad Técnica Legislativa del Senador Alberto Castilla
Red Colectivos de Estudio y Pensamiento Latinoamericano CEPELA
Prensa Rural
Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioquia – CAHUCOPANA
Red de Artistas de Bello
Innata Disensión
Lazos
Colectivos Estudiantil de Asuntos Rurales Universidad Nacional de Colombia
Alianza de Medios Alternativos
Coordinación Agrominera del Noroccidente del Magdalena Medio
Comisión de DDHH Marcha Patriótica

Comunicado a la opinión pública. El ambientalismo radical es la defensa de la vida, de la paz y de la naturaleza

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Comunicado a la opinión pública. El ambientalismo radical es la defensa de la vida, de la paz y de la naturaleza

Noviembre de 2014

Como organizaciones que suscribimos el presente comunicado, queremos expresar nuestro llamado y apertura para la construcción de espacios de discusión en los que prima el diálogo democrático y el respeto a posiciones y opiniones diversas que alertan sobre los cambios actuales en la legislación ambiental, que se configuran para el beneficio empresarial en detrimento del ambiente, la población, y la construcción de un país en paz.

El ambientalismo en Colombia se caracteriza por sus aportes en diversos niveles de la realidad nacional, alcanzando un amplio reconocimiento en Latinoamérica producto de la interdisciplinariedad y hermanamiento de visiones académicas, organizacionales, territoriales, comunitarias, etcétera, que han posicionado y alcanzado logros significativos en materia ambiental, avances que hoy parecen desmoronarse ante los cambios políticos y legislativos. Principalmente, es imperativo hacer mención del posicionamiento que este enfoque ha tenido en los territorios, espacios desde los que se fortalece y defiende los postulados de defensa de la vida, en una continua recreación del ambientalismo popular.

Como organizaciones que suscribimos el presente comunicado, queremos expresar nuestro llamado y apertura para la construcción de espacios de discusión en los que prima el diálogo democrático y el respeto a posiciones y opiniones diversas que alertan sobre los cambios actuales en la legislación ambiental, que se configuran para el beneficio empresarial en detrimento del ambiente, la población, y la construcción de un país en paz.

Consideramos que la libre expresión y el debate argumentado son ejes fundamentales para la construcción de un proyecto de país justo, lo que al tiempo implica, en general, la participación amplia en la construcción de la política pública que oriente el futuro de Colombia, y, en particular, el debate respecto a la política minero – energética.

En momentos en que la cotidianidad de la información en Colombia, y los discursos oficiales gubernamentales y empresariales se proyectan en torno a la anhelada paz, diversos sectores populares, organizaciones ambientalistas y movimientos sociales han advertido la necesidad de pensar con mayor profundidad los significados y contenidos de dicho anhelo.

Para quienes han sufrido históricamente la guerra, la injusticia y la impunidad, la paz no incluye solamente la firma de acuerdos entre agentes armados, es imprescindible también la inclusión participativa del conjunto de la sociedad colombiana; alcanzar la paz implica necesariamente transitar hacia la transformación del modelo de desarrollo basado en el extractivismo, y su correlativa política minero – energética, que ha despojado y afectado irreversiblemente territorios rurales y urbanos.

Ante planteamientos de este tipo, que atañen al trasfondo de la paz y la justicia, y que conllevan a una necesaria discusión sobre el modelo de desarrollo y el papel de la institucionalidad colombiana para la protección ambiental y de la población, se ha tenido como respuesta desde algunas columnas de prensa, empresas y funcionarios del gobierno, la construcción paulatina de discursos que tienden a la estigmatización de quienes nos oponemos al extractivismo depredador. La construcción de estos discursos persigue la desligitimación de posiciones contrarias al modelo corporativo, e intencionan una falsa encrucijada en la que debiéramos escoger entre el desarrollo o la guerra. Infortunadamente, estos planteamientos aumentan la polarización en un país en el que no prima el respeto por la vida, y agudizan la hostilidad que pone en riesgo la integridad de las y los luchadores sociales y defensores de la naturaleza. Simplemente basta dar una mirada a las cifras que ubican a Colombia como el tercer país en crímenes a defensores ambientales.

Precisamente, en las últimas semanas, se ha denominado radicales extremos a quienes plantean la necesidad de acoger la legislación nacional, los preceptos constitucionales y la participación de los pueblos en las decisiones referidas a los proyectos extractivos y al ambiente de Colombia.

Este debate y las posiciones contrapuestas han surgido y se han acrecentado por la propuesta del gobierno nacional de reformar el procedimiento de licenciamiento ambiental por medio del decreto presidencial 2041. No obstante, es importante recordar que la propuesta de disminuir competencias al Ministerio de Ambiente y aligerar los procedimientos referidos al licenciamiento ambiental, no inició con este decreto, tiene varios antecedentes; entre ellos vale la pena resaltar el Plan Nacional de Desarrollo de 2011, donde en el artículo 224 se establece que si en un tiempo de 90 días no se define la licencia ambiental de un proyecto, se creará un comité integrado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Director Nacional de Planeación y el delegado del ministerio cabeza del sector al que corresponde el proyecto del caso. Así, la experiencia y autoridad en el tema se reduce al voto de personas que probablemente no tengan conocimientos suficientes en el campo ambiental.

Hacer más ágil el procedimiento de las licencias ambientales corresponde a políticas gubernamentales para garantizar la aceleración del inicio de los proyectos, dando prioridad a la política de confianza inversionista, sobre los derechos colectivos a gozar de un ambiente sano.

Los antecedentes del decreto actual se remontan también a la expedición del Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010, por parte del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En días pasados el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible manifestó que el nuevo decreto de licencias ambientales no modifica los tiempos de los procedimientos. No es cierto. Al comparar el decreto 2041 de 2014 con el 2820 de 2010, se observa que:

1) En el articulo 23, sobre el Diagnostico Ambiental de Alternativas -DAA-, el decreto 2041 de 2014 establece tiempos de 15 días hábiles para visitar opcionalmente la zona y 3 días hábiles para requerir información adicional, por única vez. Estos tiempos antes estaban a menester de la autoridad ambiental según las exigencias técnicas y sociales. Ahora se condiciona a tiempos y procedimientos definidos abruptamente.

2) Se restringe a 30 días hábiles la evaluación del DAA y la elección de la alternativa sobre la cual deberá elaborarse el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.

3) Se condiciona a la autoridad ambiental a expedir de manera inmediata el acto administrativo de inicio de trámite de la licencia al momento de completar los requisitos del peticionario (Art. 25 Decreto 2041 de 2014). Antes se contaba con un tiempo prudente para examinar que la documentación presentada se entregase acorde a los requerimientos.

4) En cuanto a las licencias ambientales globales, que se otorgan a proyectos mineros y de hidrocarburos, las empresas pueden presentar un Plan de Manejo Ambiental e iniciar las obras sin esperar aprobación de parte de las autoridades ambientales, esto genera grandes preocupaciones frente a la aplicación, por ejemplo, de la Fractura Hidráulica (fracking), nueva técnica de explotación y frente a la que existen en el mundo fundadas y probadas incertidumbres.

Desde la lectura y análisis que permiten los antecedentes y la actualidad del licenciamiento ambiental, podemos señalar que con la nueva reforma se concreta la modificación de los tiempos para los trámites correspondientes a la solicitud de licencias, y existen más incertidumbres que certeza frente al papel de la institucionalidad y frente a la protección de los pueblos y sus territorios.

Ahora bien, en la perspectiva del debate, no se trata de definir si es mejor o no la reforma actual respecto a las anteriores, es importante dejar claro que las continuas modificaciones a la legislación ambiental, específicamente en lo concerniente a las licencias, minan las posibilidades de realizar un verdadero control institucional y social; la expedición de una licencia se reduce cada vez más a llenar un requisito, en lugar de validar un procedimiento que dé garantía de protección de los bienes comunes, de la población y de la vida misma de las futuras generaciones. De fondo asistimos a la imposición de una legislación (también con la que se proyecta con la ley de baldíos) que de manera truculenta pone en riesgo incluso la materialización de los acuerdos que se predica alcanzados en la negociación que se lleva a cabo en la cubana ciudad de La Habana para poner fin al conflicto armado.

La construcción de un país en paz implica la opinión de diversos sectores y de la sociedad colombiana frente a temas como el licenciamiento ambiental, y las legitimas dudas que las modificaciones generan. Estamos abiertos y damos la bienvenida al debate argumentado, cerrando la puerta a cualquier tipo de estigmatización y deslegitimación desde tribunas mediáticas en las que se confunde la opinión con ataques viscerales a convicciones desde las que se persigue la defensa de la vida. Defender la vida en cualquiera de sus manifestaciones es efectivamente una posición radical -no extrema-, entendiendo por radical la posibilidad de ir a la raíz de los problemas para enfrentarlos desde sus causas estructurales, de manera democrática, justa y respetuosa. Invitamos a la apertura de espacios de estas características que aporten a la construcción de país digno, con justicia social y ambiental.

Firman:

AGROVIDA – Santander

Asamblea territorial Rio fucha

Asociación Ambiental Chinampa 

Asociación Campesina Manos Unidas Tierras Productivas (Fredonia)

Asociación de Familias Campesinas por un Campo Mejor. Támesis

Asociacion Indigena Alejia Wakuaipa (Retorno a Nuestra Cultura)

Campaña Colombia 100% Libre

CENSAT Agua Viva

Cinturón Occidental Ambiental (COA) -Antioquia

Circuito de Economía Solidaria de Támesis

Colectivo Agrario Abya Yala

Colectivo de Reservas Campesinas y Comunitarias de Santander

Colectivo Ecologista Campo

Colectivo Juventud Sumapaceña

Colectivo por la protección de la provincia de sugamuxi

Colectivo SocioAmbiental Juvenil Cajamarcuno (Colectivo Cosajuca)

Colectivo zoolodistri

Comité Ambiental en Defensa de la Vida Tolima

Comité de Defensa del Cerro de los Andes- Municipio del Carmen-Santander

Comité de Defensa del Sector de Río Blanco contra la minería de carbón- Velez- Landázuri-Santander

Comité por la Defensa del Territorio (CODEATE)

Coordinador Nacional Agrario de Colombia (CNA)

Coordinadora Estudiantil de Asuntos Rurales (CEAR)

Corporación Compromiso

Corporación Terrha

Corporación Valle del Paraiso

Culturagua 

EducarConsumidores

Emprender Solidario

Escuela Mujer y Minería

Fundación Asomaklenke – Santander

Grupo Cultura y Ambiente, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

Grupo de estudio e investigación en Agroecología (Graeco). Universidad Nacional de Medellín

ILSA – Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos

Instituto Nacional Sindical-CEDINS

Mesa Ambiental Farallones (Ciudad Bolívar, Antioquia)

Minga Juvenil Nacional 

Movimiento ambiental caminando el territorio

Movimiento en Defensa del Río Sogamoso

Movimiento Ríos Vivos

Observatorio de Conflictos Mineros de America Latina OCMAL

Observatorio de expansión Minera y Resistencias

Otros Mundos Colombia

Proceso de Comunidades Negras PCN

Proyecto Gramalote

PUP Poder y Unidad Popular

Red de Acción Participativa

Red de Semillas Libres de Colombia.

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay

Semillero de Investigación en Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Colombia (SINDER UN) 

Senador Jesus Alberto Castilla

Serankua ETA

Tierra Libre 

Zak Ecológico

Aida Quiñones

Alba Arciniegas

Alberto Amaya Ibañez

Alberto Villarreal

Álvaro Zerda Sarmiento

Angela Nahirobi Talero Walteros 

Arturo Barajas O.

Arturo Escobar

Camila Cristancho Prieto

Carlos Arnulfo Alba Forero

Carolina Maldonado Lizarazo

Catalina Caro Galvis

Dana Jaimes

Eneida Polanía Pardo

Ermindes David Pabón

Fernando A. Bayona Rincón

Fernando Michaels

Germán García Durán

Gilbert Garcia Suazo

Gilberto Pinzon

Héctor Romero

Herny Pérez h

Jośe R. márquez

Karol Zambrano

Laura Villegas

Marcela Gómez

Mariaclara López Ruiz

Michael Antonio Molina Cruz

Nelson Fabian Solorza Barrera

Omar Umaña Leal

Orlando Fonseca

Paola Catalina Velasquez Carvajal

Tatiana Roa Avendaño

Tomado de: http://censat.org/apc-aa/view.php3?vid=81&cmd%5B81%5D=x-81-3339

Colombia. Tribunal Popular contra Cerrejón. Cobertura sonora.

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Tribunal-5
La Guajira es una región de América Latina que comprende el departamento de la Guajira en Colombia y el municipio de la Guajira en Venezuela; siendo un enclave fronterizo entre Maicao y Paraguaipoa de suma importancia para el contrabando y trasiego de mercancías de todo tipo (alimentos, ropa, electrodomésticos y combustibles refinados). Es sin duda desde hace muchas décadas una zona de paso para la población mayoritaria que habita la región, los Wayúu (ver película de la cineasta venezolana Yanilú Ojeda Shawantama`ana).

Entre el asfalto, la sequía, la contaminación de ríos y lagunas (como la de Sinamaica del lado venezolano), aunado con la precarización de los habitantes; hay un conflicto ambiental que rebasa toda proporción de vida, convivencia y habitar. Sin duda, la explotación del carbón es, hoy por hoy, el conflicto que los une y los separa.

Tribunal-4Los días 7, 8 y 9 se realizó en el departamento de la Guajira, en los resguardos indígenas de Cerrohatonuevo y Provincial, el Tribunal: Agresión minera al territorio de la Guajira para visibilizar los daños acumulados generados por la empresa Cerrejón. Recorridos por zonas afectadas que sufrieron despojo por parte de la minera; la realización de ejercicios autónomos de consulta libre previa e informada para decidir el presente de sus territorios, junto con la conmemoración del treceavo aniversario del desalojo forzado y violento de la comunidad afrocolombiana de Tabaco, fue el conjunto de actividades enmarcadas en las Jornadas por la vida, la autonomía y la permanencia en el territorio que convocó el Resguardo Indígena Wayúu de Provincial Comunidad de Tamaquitos II, Resguardo Indígena Wayúu Cerrohatonuevo, Asociación de Autoridades y Cabildos Indígenas Wayúu del Sur de La Guajira (AACIWASUG), Junta Social de Pro-Reubicación de Tabaco, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Censat Agua Viva-Amigos de la Tierra Colombia.

El Tribunal se dividió en tres bloques.

1er bloque Territorio, autonomía y cultura

Presentación del Tribuanl Popular contra Cerrejón

Introducción y contexto. Historia dela minería del carbón en La Guajira

Inicio Bloque 1

Testimonio Rogelio Ustate

Luis Misael Ipuana Wayúu Maicao y Luz Sarabaia presidenta acción comunal Las_Casitas

Nilson Ramirez representante Wayúu Tamaquito II Carmen Toro Sapuana comunidad La Jamichera y Roberto Ramirez representante legal Roche

Ramon Uriana comunidad indigena Palmarito y Samuel Aregocez afrocolombiano de Tabaco

Preguntas y respuestas al Jurado

2do Bloque  Derechos laborales y economía local

Derechos Laborales y Economia Local. Jairo Quiroz SINTRACARBON

Félix Torres afectado silicosis y tercerizados

Gobernador Wayíu Rafael Urriana y Juventudes Wayúu futuras generaciones

Preguntas y respuestas al Jurado

3er Bloque  Ambiente y salud 


Medio Ambiente y Salud. Introducción Gobernadores indígenas Provincial y Cerrohatonuevo

Gobernadores de Resguardos indígenas Provincial y Cerro Hatonuevo

Agustin Barbosa comunidad Patillas y Maricela promotora de salud reguardo indígena Provincial

Extrabajador de gaurdia y Yamelis Molina

Hermelinda Díaz comunidad desaparecida Caracoli y Francisco comunidad Oreganar organización negro cimarron

Desplazado caracoli y compositor

Preguntas y respuestas al Jurado

Palabras finales Jurado

Declaración final del Tribunal Ético y Político contra Cerrejón, en voz de las juezas y jueces


Declaración final del Tribunal

Escuchar audios en: http://caravanaclimatica.org/colombia-tribunal-popular-contra-cerrejon-cobertura-sonora/

Colombia: ¿Se acerca el fin de las grandes hidroeléctricas?

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El Movimiento Ríos Vivos ha llevado varias veces el debate sobre el modelo energético y política minero energética al congreso de la república. Allí se ha planteado que la producción de energía por medio de grandes hidroeléctricas es obsoleta. No obstante, los principales argumentos NO SON LA DEMORA DE LOS TRAMITES, son los grandes impactos sociales, ambientales y económicos de las represas, que también fueron citados por corte constitucional en la sentencia T-135 sobre la violación de derechos a las comunidades afectadas por EMGESA en la represa El Quimbo.
Bajo el actual modelo energético los beneficios se privatizan y los conflictos e impactos negativos se socializan, y el gran perdedor de este modelo es el Estado Colombiano, el gran ganador, las empresas que se lucran de todos los negocios asociados a la construcción de hidroeléctricas (cementeras, maquinarias, generadores, turbinas, camiones, fábricas de hierro, mineras de recebo, abastecedores de combustibles, entre otros)  y posterior comercialización de la energía producida. Si bien las represas generan empleos temporales, y algunas permanentes (en el caso del Quimbo serán 50 permanentes), son más los que se pierden con la destrucción de los cadenas económicas locales y la destrucción de la agricultura campesina y el barequeo ancestral.No obstante, los planificadores energéticos siguen buscando formas de generar energía de espaldas a las realidades rurales del país. No es posible que se planeen proyectos, grandes o pequeños, a base del despojo y pérdida de bienes naturales de TODO el pueblo Colombiano. El debate continúa…..

http://www.portafolio.co/negocios/fin-hidroeléctricas

¿Se acerca el fin de las grandes hidroeléctricas?

Octubre 4 de 2014 – 5:33 pm

Los problemas con las comunidades, las licencias y la lejanía de las zonas con potencial de los centros urbanos obstaculizan a los nuevos embalses de generación.

El desarrollo de grandes embalses de generación eléctrica en el país, podría ser una actividad en vía de extinción.
Pese al potencial natural que tiene el país para el desarrollo de este tipo de proyectos, cada vez es más difícil en Colombia avanzar en la construcción de un proyecto hidroeléctrico de gran magnitud.

Prueba de ello es que de las iniciativas de generación, de este tipo, que están en construcción en este momento ninguna está completamente al día. Y dos de los más grandes (Quimbo e Hidroituango) llevan más de un 29 por ciento de retraso, con respecto al cronograma.

“A corto o mediano plazo vemos tal vez 5 o 6 (proyectos hidroeléctricos nuevos) pero falta ver si los inversionistas detrás de ellos logran madurarlos. A muy largo plazo uno sí ve que la composición va a cambiar”, explica el subdirector de energía de la Unidad de Planeación Minero-Energética, Upme, Alberto Rodríguez.

El diagnóstico de esta entidad, encargada de planear el futuro de la energía del país es claro. La construcción de proyectos grandes de generación se ve frenada por demoras en las licencias ambientales, oposición de las comunidades cercanas a los proyectos, que incluso han frenado obras como Porce IV, una hidroeléctrica de 400 megavatios de generación que debía construir Empresas Públicas de Medellín.

Otra razón, tiene que ver con la distancia entre zonas con mayor potencial para desarrollar estos proyectos y los centros urbanos, lo que implica una mayor inversión en las líneas de transmisión que no siempre hacen viable estas iniciativas.

La industria comparte parcialmente el diagnóstico de la Upme. De acuerdo con Ángela Montoya, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen, si el Gobierno Nacional no le busca una solución definitiva a estos cuellos de botella va a dificultarse más la gestión de estos proyectos.

“Evidentemente, va a haber más proyectos filo de agua (que no requieren embalses) y embalses pequeños, se verá una expansión a ese nivel (…) Pero sí veo una necesidad de que el Gobierno acompañe paso a paso estos proyectos necesarios para la nación”, explicó Montoya.

Para el vicepresidente Generación Energía de EPM, Carlos Alberto Solano Bonnett, en efecto, el problema no es de recursos naturales porque el país tiene un alto potencial para desarrollar proyectos de generación hidroeléctrica.

“Conseguir la viabilidad de este tipo de proyectos es cada vez más difícil (…) Es esta realidad la que obliga a cambiar la estrategia para abordar el diseño, planeación, construcción y operación de los proyectos”, explicó el ejecutivo.

En parte, la designación de grandes proyectos como Quimbo e Ituango entre los Proyectos de Interés Nacional Estratégico, ha contribuido a destrabar algunos procesos.

De todas formas, a corto plazo la generación hídrica seguirá ocupando un importante rol en el desarrollo energético del país. En las últimas subastas de la Creg 69 por ciento de los proyectos ganadores son de generación eléctrica.

En los pronósticos de la Upme, también cuentan con el desarrollo de las energías renovables, estas fuentes podrán ganar más participación en la canasta energética nacional: “En nuestro registro de proyectos, en donde miramos qué intenciones hay, encontramos más bien pequeñas hidroeléctricas y algo de térmica. También hay alternativas que tienen componente eólico, e incluso estamos modelando hasta 400 o 500 megavatios en La Guajira”, explicó Alberto Rodríguez, de la Upme. Pero, para que estos nuevos desarrollos en realidad influyan en el porcentaje de aportes de la energía hidráulica al sistema, aún deberán pasar varios años.

En Colombia, más de dos tercios de la energía que se produce proviene de fuentes hídricas.

Nohora Celedón
nohcel@portafolio.co

Operacion Perfecta. Alfredo Molano. El Espectador

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http://www.elespectador.com/opinion/operacion-perfecta-columna-520599

Con las zonas de reserva campesina (ZRC), por ejemplo, ha incumplido de totazo el acuerdo de financiarles pequeños proyectos productivos. Lo hizo el año pasado y los suspendió como quien corta de un machetazo una cuerda. Y punto. Ni razón chica ni grande. La majestad del Estado, que llaman. Prometió también celebrar con entidades públicas programas conjuntos para contrarrestar la perversa tesis militar de que las ZRC son una retaguardia guerrillera. Ni siquiera fue capaz el ministro de enviar un delegado a saludar la IV reunión de zonas campesinas. En el fondo, el Gobierno demuestra un desdén grosero por lo que llaman los labriegos, que es una imagen palúdica de lo que es un campesino. No quiso saber, por la misma razón, que el censo agropecuario al que tanta propaganda le hace haya permitido saber cuántos campesinos hay en el país. La disculpa: campesino es un concepto muy poroso. ¡Qué terminacho! El eterno esguince etimológico. Más aún, con el argumento de que no se ha hecho una evaluación de las ZRC han paralizado la constitución de otras nuevas: Güejar, Puerto Rico, Sumapaz, Catatumbo. ¿Quién hará esa evaluación? ¿Qué participación tendrán las asociaciones campesinas en ella? ¿O será hecha a medianoche por técnicos de Planeación Nacional que sólo conocen los labriegos de Anapoima?

La Cumbre Agraria concentra una muy poderosa fuerza campesina que el Gobierno no puede desconocer. Después de la violenta represión de que han sido objeto los campesinos desde cuando destrozaron la Asociación de Usuarios (Anuc), su poder ha tardado en reconstituirse, pero ahí está vivito y coleando. El Gobierno la recibe con el nuevo proyecto de Ley de Tierras, que busca abrirles la puerta a las grandes empresas para seguir adueñándose de los baldíos nacionales. Desconoce el Gobierno la historia: la violencia agraria comenzó y se sostiene por la rebatiña de los baldíos desde fines del siglo XIX hasta ahora. La pelea de colonos y arrendatarios de Cundinamarca en los años 20, la de los campesinos de Sucre en los 70, la de los colonos de Caquetá hoy han sido causadas siempre por la apropiación de las tierras baldías que hacendados y empresarios ocupan a la fuerza. La nueva ley, por presión de palmeros y azucareros y, claro, de firmas multinacionales como Cargill Incorporated, ha adoptado la figura de alianzas productivas que son pura aparcería neoliberal, donde el que pone los gastos es el campesino asociado y el que recibe las ganancias es el benemérito empresario. El Gobierno negocia en La Habana una cosa y los gamonales, empresarios y terratenientes, otra. El Gobierno busca sustituir la figura de las ZRC con las Alianzas Productivas. Bonapartismo que no llevará a cosa distinta que mantener viva la tragedia de siempre: apropiación de baldíos. En los Llanos Orientales, en el sur de Bolívar, en el Magdalena Medio, primero entraron los paramilitares a desplazar campesinos y finqueros; el precio de la tierra se puso por los suelos y entonces entraron los palmeros, los agroforestales, los azucareros, a comprar baratas tierras que por ya tener posesión no figuraban como baldíos. ¡Operación perfecta!

Punto aparte. Conozco el río, he navegado muchas veces por sus aguas. Quizá la empresa de navegación, o quizá la empresa turística que dirigía la excursión, sea responsable del siniestro en el Amazonas. Pero la Armada Nacional no puede alzarse de hombros alegando que no puede estar en todas partes.

Arde el Putumayo: Teteyé El desarrollo no anda solo, tiene una larga cola de fuego.

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http://nota.elespectador.com/nodes/columnaelespectador/2014/09/n-519319.html

 

Alfredo Molano Bravo 27 Sep 2014 – 10:00 PM

Arde el Putumayo: Teteyé

El desarrollo no anda solo, tiene una larga cola de fuego. No entiendo por qué razón divina no hay petróleo debajo de la Plaza de Bolívar, ni en el Palacio de Nariño o debajo de barrios como Rosales en Bogotá, o El Poblado en Medellín, o en… Cali. Nada. Allá no hay ni oro, ni petróleo, ni carbón. Nada. Sería muy divertido ver salir al presidente en calzoncillos o a las señoras de los barrios residenciales a medio maquillarse y con un zapato sí y otro no, huyéndole al Escuadrón Antimotines y ver al intrépido general Palomino dando órdenes a sus hombres. ¿Por qué eso nunca pasa? Cada día son mayores mis dudas sobre la justicia divina.

El Putumayo es una de esas regiones que ni que fueran parte del Egipto de las siete plagas: primero pasó la devastadora horda de Hernán Pérez de Quesada matando indios, desbaratando comunidades. Después fueron los capuchinos catalanes, que en nombre de Dios y a rejo físico pusieron a su servicio a los naturales. Más tarde llegó la Casa Arana detrás del caucho de sus selvas. Esclavizaron a los indígenas y exterminaron comunidades enteras. El gobierno colombiano los uniformó para echarlos como carne de cañón contra el ejército peruano. Cuando salían de la guerra, llegaron los cazadores a matar tigres mariposos, perros de agua, cachirres, para exportar sus pieles. Las cosas se estaban calmando en el momento en que llegó la coca y detrás las mafias y detrás la guerra y más detrás la fumigación. Historia que continúa. Pese a que el Gobierno asegura que no está fumigando, las avionetas de los contratistas particulares de la Policía antinarcóticos lo siguen haciendo. La estrategia es para secar no sólo las matas de coca sino todos los cultivos, con el propósito evidente de sacar a los colonos de sus tierras y abrírselas a los ganaderos. Por eso muchos cultivadores están hoy trabajando en la costa pacífica, de donde los sacarán para abrirles esas tierras a los palmeros. Entre 1998 y 2006, el Putumayo fue territorio paramilitar: las masacres dejaron heridas que no cierran: El Tigre, Puerto Asís… Y así.

Desde los 60 llegó al Putumayo una nueva plaga: las empresas petroleras, con todos sus fierros. Fierros, fierros: desde tubos y taladro, hasta cañones y bombas. Y enemigos: Farc, Eln, Epl. También con fierros y fierros: tatucos, minas quiebrapatas, fusiles AK-47. El petróleo se ha convertido en una pesadilla sangrienta. Hoy hay comunidades de indígenas y de campesinos al borde de una explosión mayor. En los límites con Ecuador, en la cuenca de los ríos Cuembí y Teteyé, hay un cabildo nasa kiwna chab. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dio permiso al Consorcio Colombia Energy para la explotación del crudo y hoy hay instalados 39 pozos y tres baterías cuyos efectos sobre acuíferos, destrucción de bosque, destrozo de humedales y exposición de las comunidades a la guerra han obligado a una protesta indígena que se generaliza a medida que el Gobierno se hace el desentendido. El desprecio de la gente es criminal.

Las instituciones, tan pomposamente nombradas para otras cosas, se hacen las pendejas hasta que la gente salta y se toma una trocha e impide el paso de las tractomulas cargadas de crudo. Es la señal de la guerra. El Esmad entra a romper huesos, sacar ojos y descabezar dirigentes. La gente de Teteyé lleva 90 días de paro. La guerrilla, que no es legión de ángeles, ha hecho y deshecho con tractomulas y oleoductos: el petróleo crudo —nata espesa, negra y plástica— corre por caños y cañadas, inundando chucuas y contaminando acueductos. El olor de aceite quemado es insoportable, el agua potable se agota, la gente se enardece. Las petroleras dicen que no tienen condiciones objetivas de seguridad para resolver el problema, aunque sea su obligación. Pero patalean con cinismo y cálculo; alegan que es culpa de la guerrilla. Pero no pueden atrincherarse detrás de ese argumento para dejar a la gente expuesta al abandono y al desastre con pérfidas intenciones políticas que terminarán incendiando el Putumayo.