Colombia: el bosque seco tropical que se salvó de una hidroeléctrica en Antioquia

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En el cañón del río Cauca, el segundo más importante de Colombia, ya no se construirá la hidroeléctrica Cañafisto, un proyecto que amenazaba la preservación de un ecosistema estratégico para afrontar el cambio climático.

28-Feb-2017

Mongabay Latam / María Luzdary Ayala

Los cerca de 3500 habitantes del pequeño caserío de Bolombolo, en el municipio de Venecia (Antioquia), fueron los menos impresionados con la negación de la licencia ambiental por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para construir la hidroeléctrica Cañafisto, que amenazaba con borrarlos del mapa. Llevan más de 40 años con ese rumor, así que a pesar del movimiento de contratistas y de personal de la compañía Isagén, cuando se trabajaba en el proyecto, jamás creyeron que su pueblo iba a ser inundado por una enorme represa para generar más energía eléctrica en el país.

La población de Bolombolo, en el corregimiento de Antioquia, debía ser desplazada si se hubiera aprobado el proyecto Cañafisto. Foto de Darío Restrepo.
La población de Bolombolo, en el corregimiento de Antioquia, debía ser desplazada si se hubiera aprobado el proyecto Cañafisto. Foto de Darío Restrepo.

 

Solo unos cuantos pobladores como don Fabio Sánchez, quien junto con su familia administra la farmacia del pueblo, se sintieron realmente complacido con la noticia. “Se salvó nuestro paisaje, se salvaron los árboles”, le dijo Sánchez a Mongabay Latam al referirse a la noticia que tuvo más impacto en el país que en Bolombolo, un pequeño caserío cuyos habitantes se dedican al cultivo de cítricos, a la ganadería y a la pesca artesanal en el río Cauca.

“A mí los efectos de la represa no me iban a tocar, pero pensando en las nuevas generaciones, uno sí se entristece mucho, por eso creo que la negación de la licencia es un triunfo para la vida”, indicó.

A esta declaración se suma la de una líder ambientalista de la región perteneciente al movimiento Ríos Vivos, Isabel Cristina Zuleta, para quien lo trascendental de este hecho es que “por primera vez la ANLA reconoce la importancia de uno de los ecosistemas más amenazados del mundo, que es el bosque seco tropical”.

Venecia, en donde se encuentra ubicado Bolombolo, es uno de los 16 municipios del suroeste antioqueño que se habrían visto afectados por la pretendida construción de la hidroeléctrica de Cañafisto, la cual se sumaría a las 45 que tiene Antioquia, desde microcentrales que atienden la demanda de un municipio como Alejandría hasta embalses como el de Hidroituango, uno de los más grandes del país, según registró la magistra en Ingeniería Abmeintal, María Adelaida Torres. Para esta última se desvió el río Cauca, entre los municipios de Ituango y Briceño, muy  cerca de donde se tenía planeada la de Cañafisto y a cargo también de Isagén.

Cañafisto fue anunciado por Isagén con una capacidad instalada de 940 megavatios y una generación media anual de 5.500 GwH/año, correspondiente al 10 % del consumo de energía en el país, un embalse de 77 kilómetros de longitud que limitaría con varios municipios y con un espejo de agua (área de la presa) de aproximadamente 5200 hectáreas.

Especies sin hábitat

Más allá del inigualable paisaje que ofrece el cañón del río Cauca, el segundo más importante del país después del Magdalena, los defensores del medio ambiente sí celebraron la noticia de que mediante la Resolución 0001 del 2 de enero de 2017, la ANLA le había negado de manera definitiva la licencia ambiental al proyecto, pues este fallo respondía a la apelación presentada por la compañía, ante la primera negación, en octubre de 2015 (resolución 1291).

El cañón del río Cauca, en el suroeste antioqueño, ya se ha visto afectado por la construcción de Hidroituango, una de las hidroeléctricas más grandes del país, que entrará en funcionamiento en 2018. Foto del Movimiento Ríos Vivos Antioquia.
El cañón del río Cauca, en el suroeste antioqueño, ya se ha visto afectado por la construcción de Hidroituango, una de las hidroeléctricas más grandes del país, que entrará en funcionamiento en 2018. Foto del Movimiento Ríos Vivos Antioquia.

 

Ellos aplaudieron la medida al considerar que el gran triunfador fue el bosque seco tropical (BST), el más diezmado en Colombia. “Originalmente este ecosistema cubría más de 9 millones de hectáreas, de las cuales queda en la actualidad apenas un 8 %”, advierte una publicación del 2016, del Instituto Alexander von Humboldt.

Son muchas las especies vegetales y animales que son desplazadas con los proyectos hidroeléctricos. Foto de Felipe Villegas -Expediciones von Humboldt.
Son muchas las especies vegetales y animales que son desplazadas con los proyectos hidroeléctricos. Foto de Felipe Villegas -Expediciones von Humboldt.

 

También resulta estratégico frente a la adaptación al cambio climático, toda vez que su vegetación se caracteriza por adaptarse a prolongadas temporadas de sequía, explica Isabel Cristina Zuleta.

La preservación del BST fue precisamente una de las principales razones que esgrimió la autoridad ambiental para negar la licencia, al argumentar que una de las mayores afectaciones a este se asocia con la desconexión de las franjas riparias (la vegetación más cercana al río) como consecuencia de la inundación del río Cauca.

Al respecto, la ANLA advierte que por el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Ituango, se desconectarían 412 kilómetros de dichas franjas riparias, que equivalen a un 25 % del total, en un área de 1609 kilómetros  a lo largo del río. Esta condición, más el impacto del Proyecto Hidroeléctrico Cañafisto, generaría la desconexión de aproximadamente 441 kilómetros adicionales, equivalentes al 53 % de corredores riparios de la red funcional del Cauca, actualmente asociadas al BST.

Dicha situación, explica la entidad, conllevaría a la fragmentación de los corredores de conectividad actuales y potenciales asociados a estas franjas, llegando a condiciones que generarían la pérdida del Bosque Seco Tropical en la región de Antioquia.

A ello se suman otra serie de consideraciones entre las que la autoridad de licencias ambientales destaca que también se perdería el 28.5 % de hábitat en rutas migratorias de peces por la fragmentación del río Cauca y áreas de conectividad, lo que pondría en riesgo de extinción a las especies a nivel local, principalmente anfibios, reptiles y 31 peces endémicos –la mayoría de talla pequeña.

Adicionalmente, señala la autoridad ambiental, el recurso hídrico, en las zonas definidas para reasentar a la población presenta déficit y vulnerabilidad al desabastecimiento, en tanto que las medidas de compensación propuestas por Isagén, entre las que se cuentan nuevas áreas y recuperación de vegetación, darían un balance neto negativo.

El proyecto Cañafisto impactaría a los municipios de La Pintada, Támesis, Fredonia, Jericó, Venecia, Tarso, Titiribí, Concordia, Salgar, Armenia Mantequilla, Betulia, Ebéjico, Anzá, Sopetrán, Santa Fe de Antioquia y Olaya. Foto: de Darío Restrepo.
El proyecto Cañafisto impactaría a los municipios de La Pintada, Támesis, Fredonia, Jericó, Venecia, Tarso, Titiribí, Concordia, Salgar, Armenia Mantequilla, Betulia, Ebéjico, Anzá, Sopetrán, Santa Fe de Antioquia y Olaya. Foto: de Darío Restrepo.

 

La conformación del embalse favorecería la expansión de la rana toro (Lithobates catesbeianus), una especie invasora que representa una amenaza para la fauna anfibia local. Además de ser un voraz depredador, también puede ser un vector del hongo BD (Batrachochytrium dendrobatidis), considerado como la tercera causa de extinciones de anfibios a nivel mundial, advierte la ANLA.

La pérdida de hábitats boscosos implica la de importantes áreas de refugio, alimentación, reproducción y crianza de los primates tití (Saguinus leucopus) y mono de noche (Aotus lemurinus), de tal forma que estas poblaciones se tendrían que desplazar hacia las quebradas tributarias del río Cauca, con los riesgos de supervivencia que ello implica, pues se quedan sin sus refugios habituales, sin sus sitios de reproducción y sin alimento, entre otros.

El embalse también pondría en riesgo a especies endémicas como las aves comúnmente conocidas como cucarachero paisa (Thryophilus sernai); los reptiles tintin antioqueño (Anolis cf. Vicarius) y serpiente ciega (Trilepida joshuai), los anfibios ranita cohete (Colostethusfraterdanieli) y rana venenosa (Dendrobatestruncatus). En total, siete especies endémicas estarían altamente amenazadas, sin contar con las que presentan algún riesgo de amenaza, según registro del Instituto Alexander von Humboldt.

Para el profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, Hugo López, en general los proyectos hidroeléctricos afectan fauna y vegetación, porque eliminan hábitats, los sumerge y con ellos sucumben componentes de alimentación refugio y reproducción. En cuanto a peces, cambia drásticamente la corriente del río por una laguna estática. A ello hay que sumarle los animales que quedan sumergidos con el embalse. Se hacen labores de rescate, pero no se sabe qué porcentaje muere, precisa el académico. La hidroeléctrica, explica, también genera aislamiento, porque no toda la fauna puede atravesar el embalse, separa poblaciones, las fragmenta.

Por razones como estas, el movimiento Ríos Vivos, una ONG de activistas ambientales que se opone a la construcción de hidroeléctricas, considera que “estas decisiones alientan el esfuerzo de años de trabajo de las organizaciones y comunidades que se oponen a las represas con argumentos sólidos que demuestran los graves perjuicios que estos proyectos provocan”.

A las objeciones de la ANLA ya mencionadas se agrega la superposición con los proyectos hidroeléctricos Agua Fresca y Mulatos II, que ya cuentan con licencia de la Corporación Autónoma Ambiental de Antioquia, Corantioquia.

Precisamente esta autoridad ambiental regional también emitió un concepto técnico negativo sobre Cañafisto, otra razón de peso para que la licencia fuera negada, según lo advierte la ANLA. Al respecto, Mongabay Latam se comunicó con esta entidad, pero no fue posible obtener detalles sobre el informe técnico que presentó en su momento.

Varias especies de aves que habitan el BST hubieran tenido que desplazarse a otras zonas. Foto de Felipe Villegas-Expediciones von Humboldt.
Varias especies de aves que habitan el BST hubieran tenido que desplazarse a otras zonas. Foto de Felipe Villegas-Expediciones von Humboldt.

 

Desplazamiento y desempleo

En cuanto al impacto económico y social sobre las poblaciones que se verían afectadas por el proyecto, la ANLA pone de presente las implicaciones del reasentamiento de 5674 personas de sus actuales lugares de vivienda, la afectación de actividades productivas, tanto agrícolas como pecuarias, la pérdida de fuentes de empleo, la afectación de actividades mineras de explotadores tradicionales en la zona del proyecto y aguas abajo del sitio de presa, la afectación en la actividad pesquera artesanal, de la llamada “pesca de guadua” arrastrada por el río Cauca, así como la pérdida cultural material y la pérdida del contexto arqueológico.

No obstante, frente a esta decisión, el movimiento Ríos Vivos, alerta sobre otras posibles causas para negar la licencia. Estas, en su opinión, tienen que ver con la tenencia de la tierra en la zona, el impulso de grandes proyectos agroindustriales, la presencia de altos intereses económicos que en la práctica riñen con el emplazamiento de Cañafisto, como por ejemplo, una termoeléctrica proyectada en la zona de influencia de la megaobra. Sobre estas intervenciones aún no se tiene información sobre el impacto que tendrían en el BST.

Un proyecto menor

Pese la respuesta negativa de la ANLA, la compañía Isagén no se da por vencida. El gerente de la generadora eléctrica, Luis Fernando Rico Pinzón, confirmó al periódico regional El Colombiano que se tiene la alternativa de Cañafisto Bajo, una versión más pequeña del proyecto original. Aunque el directivo no habló directamente con Mongabay Latam, su equipo de prensa ratificó que se podían tomar las declaraciones dadas al periódico local .

“Ya se había adelantado la factibilidad del proyecto a nivel de esquemas, usando el mismo sitio de presa (entre Anzá y Ebéjico, en el Occidente) y se aplican los mismos estudios de hidrología y geología. Es un tema de optimizar el tamaño y disminuir impactos ambientales y sociales”, explicó el directivo, quien expresó que acata la decisión, aunque la considera equivocada.

El nuevo proyecto tendría unas 1800 hectáreas de embalse y una presa de 45 metros, de manera que se pasaría de una capacidad instalada de 940 megavatios (MW) a solo 380, con lo cual se atendería apenas el 4 % de la demanda energética del país.

Frente a esta posibilidad, los ambientalistas dicen rotundamente No, teniendo en cuenta el alto impacto que está generando Hidroituango en el BST, sobre lo cual se han pronunciado ya en diversas ocasiones.

Si los argumentos son de protección de bosque, no hay posibilidad de que ningún proyecto se pueda desarrollar en este sitio, por pequeño que sea, dice la líder del movimiento Ríos Vivos en su diálogo con Mongabay Latam, mientras deja entrever una duda sobre los verdaderos motivos que llevaron a negar la licencia ambiental al proyecto Cañafisto, dados los altos intereses económicos que se manejan en esa región.

Tomado de: http://blogs.elespectador.com/medio-ambiente/mongabay-latam/colombia-bosque-seco-tropical-se-salvo-una-hidroelectrica-antioquia

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Atentan contra dos líderes de la Consulta Popular en Cajamarca

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Tomado de contagio radio.com

Foto: Archivo
29 Jul. 2017

El Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca  (COSAJUCA) dio a conocer a través de un comunicado que 2 de sus miembros sufrieron un atentado este viernes en el casco urbano de Cajamarca. Según la información entregada, los dos líderes, que son promotores de la Consulta Popular que se realizó en ese municipio el pasado 26 de marzo, resultaron ilesos.

Se describe en la comunicación que los hechos se produjeron sobre las 7:30 p.m. cuando los líderes regresaban por el camino que conduce a las veredas Rincón Placer y la Ciudadela  Ismael Perdomo, lugares donde COSAJUCA realiza trabajo con acueductos comunitarios. Los 2 disparos fueron hechos desde una casa en inmediaciones de la Carrera 9 de ese casco urbano.

Por tal motivo, COSAJUCA ha exigido a las autoridades que actúen de manera eficaz dando con los autores intelectuales y materiales de este grave hecho, que pone en riesgo una vez más la vida de los y las defensoras del ambiente en Colombia. Le puede interesar: Desde las entrañas de la tierra y junto a los gritos del agua, Cajamarca dijo NO a la minería.

Así mismo han exigido se garantice la seguridad y la vida de estos dos líderes de COSAJUCA y para su familias de tal modo que “puedan seguir realizando nuestro trabajo como defensores de derechos humanos y del territorio”. Le puede interesar: Ecos de la consulta popular de Cajamarca

Este hecho se suma a las amenazas que este colectivo ha recibido desde hace 4 años “por defender nuestro territorio del proyecto minero La Colosa detenido gracias a la histórica consulta popular”.

De igual modo recordaron que como resultado de esa labor han asesinado a 2 de sus integrantes, Juan Camilo Pinto en 2013 y Daniel Humberto Sánchez en 2014. Le puede interesar: Colombia es el segundo país más peligroso para defensores del ambiente

Cajamarca

Solicitud de afectados por hidroituango al Banco Interamericano de Desarrollo para que suspenda crédito a proyecto que viola Derechos Humanos

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Cañón del Río Cauca, Antioquia, Colombia, 27 de noviembre de 2016

Señores(as):

COMITÉ EJECUTIVO BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES (CII)

Washington D.C.
Cordial saludo.

El próximo 29 de noviembre la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) decidirá si invertirá un total de US$550.000.000,00 en las Empresas Públicas de Medellín S.A.E.S.P. (EPM), para la construcción de la represa Hidroituango[1] a través del proyecto número 11794-04.

Las comunidades impactadas por dicha hidroeléctrica, agrupadas en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia y las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes, ponemos en conocimiento de la Corporación la grave situación de violación de derechos humanos y ambientales que se vive actualmente en el terreno intervenido por HidroItuango. Dicha situación, que se viene perpetuando desde que se iniciaron las obras de construcción de la represa, contradice los principios internacionales de derechos humanos y las propias políticas internas de la CII.

Por tanto, las organizaciones firmantes solicitamos tener en cuenta la información aquí presentada y, en consecuencia, abstenerse de la inversión en Hidroituango considerando que la misión del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo es “mejorar la calidad de vida en América Latina y el Caribe”, y que uno de los fines primordiales de la CII es “promover el desarrollo sostenible”, consideramos que se trata de información fundamental para entender los impactos que este proyecto está teniendo en Colombia.

La Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de la CII, de fecha 1 de septiembre de 2013 (en adelante “la Política”), declara que la sostenibilidad ambiental y social de las actividades que apoya es fundamental para lograr resultados de desarrollo positivos[2]. Luego, la misma Política estipula que para el resguardo socioambiental de los proyectos en los que se involucra, la CII se hace responsable de implementar su propia política y de asegurar que todas las inversiones que financia la cumplan[3]. Dice además que no financiará operaciones que no vayan a satisfacer sus requisitos ambientales y sociales en un plazo razonable[4].

Hidroituango atenta gravemente con dichos principios por ser un proyecto que viola derechos humanos y ambientales. Según indican los documentos del proyecto, abiertamente disponibles en el sitio web de la CII, cerca de 700 personas serán desplazadas forzosamente, se afectará la calidad del suelo y del agua, habrán impactos culturales y ambientales considerables y muchas personas perderán la posibilidad de ejercer sus actividades de subsistencia[5]. Lo anterior y mucho más ha sido también ampliamente divulgado en medios colombianos[6], en audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[7] y en diversas manifestaciones de las propias comunidades afectadas[8].

En el Título sobre los compromisos de la CII, la Política dispone que la CII está comprometida con las buenas práctica internacionales en los aspectos sociales de cada proyecto que financia, incluidos los derechos humanos[9]. Lo anterior supone que los clientes realicen consultas públicas rigurosas, se acerquen y comuniquen con las comunidades afectadas y que implementen mecanismos de compensación de reclamos coherentes con los riesgos e impactos sociales y ambientales del proyecto[10]. Pero esto no ha sido cumplido en el proyecto en cuestión. Los procesos de HidroItuango han vulnerado el derecho a la información y a la participación efectiva.

Por un lado, no toda la población que será afectada por Hidroituango fue involucrada en los procesos de participación pues muchas personas ni siquiera fueron incluidas en los censos hechos por la compañía. Este hecho incluso fue reconocido en la Licencia Ambiental otorgada por el gobierno a la compañía para poder iniciar actividades[11].

Igualmente, el estudio de impacto ambiental elaborado por la compañía no fue socializado adecuadamente con las comunidades afectadas. Por el contrario, las obras del proyecto iniciaron antes de que las comunidades locales tuvieran conocimiento sobre los impactos del proyecto y sobre los correspondientes planes de manejo[12]. Además, la licencia ambiental ha sido modificada 11 veces desde el año 2009, pero ninguno de los cambios ha sido socializado adecuadamente con las comunidades afectadas y sólo 3 de estas modificaciones han sido publicadas por la empresa en su página web.

Por otro lado, las comunidades y líderes sociales que han recurrido a la protesta contra el proyecto Hidroituango han sido criminalizadas y sus derechos humanos han sido afectados. Desde que las comunidades campesinas, barequeras, pescadoras y arrieras se empezaron a organizar en el Movimiento de afectados Ríos Vivos Antioquia, dos personas han sido asesinadas y 17 han recibido amenazadas de muerte, (tanto individuales como colectivas). 14 personas ya cuentan con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección y hubo un intento de secuestro, donde el principal sospechoso es el cuerpo de vigilancia privada al servicio de EPM. Además se han denunciado torturas por parte de la fuerza pública y permanente estigmatización por parte de la empresa e inversionistas del proyecto así como de los medios masivos de comunicación. Durante la última movilización social, llevada a cabo en junio de 2016, los paramilitares pidieron suspender la movilización so pena de muerte y prohibieron que durante las marchas se manifestara en contra de EPM o de la obra; a pesar de que estos hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades y denunciados ante la fiscalía, el ambiente de inseguridad no cesa, lo que imposibilita la participación efectiva de las comunidades. (Estas y otras denuncias han sido publicadas en http:debatehidroituango.blogspot.com)

Con respecto a los aspectos sociales, laborales y de salud y seguridad, la misma Política establece claramente que los clientes deben velar por la participación e inclusión de personas indígenas y otros grupos vulnerables, y prevenir impactos adversos hacia ellos[13]. Si bien en la zona de impacto de HidroItuango no existen poblaciones indígenas, si se trata de grupos altamente vulnerables, por tratarse de una zona agobiada por más de cuatro décadas por el conflicto armado. Estas comunidades no han sido correctamente involucradas en consideración de su delicada situación, hasta el momento se desconocen medidas para hacerlo; por tanto ¿Cómo esperar que dichas comunidades puedan tomar decisiones sobre lo que esperan de sus territorios y los proyectos que les afectarán cuando no gozan de paz y tranquilidad en sus casas y veredas?, La empresa no ha actuado para mitigar esa victimización, por el contrario, ha empeorado la situación, según se explica a continuación:

En la región afectada se han perpetrado 50 masacres, en su mayoría por acción de grupos paramilitares. Existe actualmente una investigación en curso en la Fiscalía 15 de Justicia y Paz de Medellín que busca aclarar las relaciones del megaproyecto con estos actores armados; no obstante, después de cuatro años la investigación no ha arrojado resultados. Los afectados han solicitado información sobre el avance de las investigaciones, pero ni la fiscalía ni el gobierno nacional han dado respuesta.

Respecto al reasentamiento involuntario, que deberán sufrir al menos 700 familias, la misma Política de la CII exige compensación equitativa y restauración de los medios de subsistencia, y se remite a la Política de Reasentamiento Involuntario del BID y la norma de Desempeño 5 de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del grupo del Banco Mundial[14]. El proceso de reasentamiento en el caso de HidroItuango no ha cumplido con los mencionados estándares. Esto se evidencia en el expediente del proyecto puesto que en el momento de autorizar el inicio de la construcción del proyecto aún no se habían definido los lugares donde se reubicarían las personas afectadas[15]. Sin embargo, ha habido múltiples denuncias sobre desalojos forzados que en un par de ocasiones han llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[16].

En estos casos no se cumplieron los Principios Básicos para los desalojos forzosos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para este tipo de proyectos[17]. De hecho, la cifra de 700 familias a desplazar no contemplan las más de 500 familias que ya han sido desplazadas y que, a pesar de haber realizado dos declaraciones colectivas juramentadas ante el Estado colombiano, siguen sin ser reconocidas como afectadas por la empresa.

Igualmente, para la compensación de las personas afectadas, no se identificaron e individualizaron las actividades productivas de las comunidades[18], aún cuando la mayoría de las personas se dedican al barequeo, pesca y agricultura, actividades que dependen del río que será intervenido. Lo anterior quiere decir que se autorizó un proyecto cuyo estudio de impacto ambiental no identificó las actividades que serían afectadas, lo cual es esencial para implementar planes de compensación adecuados.

Por otro lado, la Política también se refiere a la problemática del cambio climático, reconociendo su importancia y estableciendo que la mitigación del mismo, y el desarrollo con bajas emisiones de carbono, son aspectos prioritarios de sus inversiones y actividades[19]. Hidroituango  inundará y deforestará más de 4500 hectáreas de Bosque Seco Tropical incluyendo dos poblados[20]; además las grandes represas son responsables de la emisión de grandes cantidades de metano a la atmosfera, un gas efecto invernadero mucho más potente que el CO2[21].

Todas estas vulneraciones, que ya se están dando, podrían agravarse con la inversión adicional que considerará la CII. Por estas razones, la CII, como organismo multilateral destinado a promover el desarrollo regional, debe considerar los hechos y potenciales amenazas y vulneraciones que se sumarían de concretarse la inversión. El verdadero desarrollo, el que contribuye a la realización de todos derechos humanos, tiene la mejora de calidad de vida de las personas y sus comunidades – y no el lucro – como objetivo principal[22].

Por todo lo aquí narrado, y en consideración de las propias políticas sociales y ambientales que rigen el actuar de la CII, corresponde que la Corporación Interamericana de Inversiones se abstenga de invertir en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango y que active los mecanismos que considere pertinentes para proteger los derechos de todas las comunidades afectadas en el cañón del Río Cauca, donde se construye el Proyecto Hidroituango.

Para responder a esta comunicación puede escribir a: riosvivosantioquia@gmail.com
Atentamente,
Organizaciones y grupos articulados al Movimiento en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas Ríos Vivos Antioquia: Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos ASVAM Ituango, ASVAM El Aro Ituango, ASVAM Toledo, ASVAM Briceño, ASVAM Orejón, Chiri y Buenavista de Briceño, ASVAM San Andrés de Cuerquia, ASVAM Peque, Grupo de jóvenes defensores del agua de Ituango, ASOPESVAL Asociación de pescadores de Valdivia, Asociación de Pesqueros y Mineros de Puerto Valdivia AMPA, ASOPESCA Asociación de pescadores de Caucasia, ABC Asociación de Barequeros del Bajo Cauca, ASOMIAVAL Asociación de Mineros de Valdivia, ASOMINSAB Asociación de mineros de Sabanalarga, AMARU Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y el International Accountability Project.

[1] Disponible en Sitio web de la CII: http://www.iic.org/en/projects/project-disclosure/11794-04/planta-hidroel%C3%A9ctrica-ituango

[2] Número 2 del Título I de la Política, sobre Propósitos de la Política

[3] Número 1 del Título III de la Política, sobre Funciones y Responsabilidades de la CII en la Evaluación y Supervisión Ambiental y Social.

[4] Número 2 del Título III de la Política, sobre Funciones y Responsabilidades de la CII en la Evaluación y Supervisión Ambiental y Social.

[5] Disponible en Sitio web de la CII: http://www.iic.org/en/projects/project-disclosure/11794-04/planta-hidroel%C3%A9ctrica-ituango

[6] http://www.semana.com/opinion/articulo/las-sombras-de-hidroituango-opinion-juan-diego-restrepo/407314-3

[7]Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 153 Período de sesiones, octubre 29 de 2014. Desplazamiento forzado y proyectos de desarrollo. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=j70U4_m9pb8 http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/3-newsflash/7198-colombia-desplazamiento-forzado-y-proyectos-de-desarrollo

[8] En el blog “Debate HidroItuango” el Movimiento en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas Ríos Vivos Antioquia, organizado en 15 asociaciones y grupos de pescadores, barequeros (mineros artesanales y ancestrales), cocineras, arrieros, agricultores, entre otros expresa mediante informes de violación de derechos humanos y comunicados públicos lo que están viviendo con la construcción de la hidroeléctrica. Disponible aquí: http://debatehidroituango.blogspot.com.co

[9] Número 7 del Título II de la Política, sobre Compromisos de la CII

[10] Número 7 (i) del Título II de la Política, sobre Compromisos de la CII

[11] Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución 0155. 30 enero 2009. Por la cual se otorga una licencia ambiental para el proyecto central hidroeléctrica “Pescader-Ituango” y se toman otras determinaciones. Disponible en: http://hidroituango.com.co/images/hidroituango/Documentos/Resoluci%C3%B3n%200155%20de%202009%20Licencia%20Ambiental.pdf-

[12] Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución 0155. 30 enero 2009. Por la cual se otorga una licencia ambiental para el proyecto central hidroeléctrica “Pescader-Ituango” y se toman otras determinaciones. Disponible en: http://hidroituango.com.co/images/hidroituango/Documentos/Resoluci%C3%B3n%200155%20de%202009%20Licencia%20Ambiental.pdf-

[13] Número 7 (vi) del Título II de la Política, sobre Compromisos de la CII

[14] Número 7 (viii) del Título II de la Política, sobre Compromisos de la CII

[15] Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución 0155. 30 enero 2009. Por la cual se otorga una licencia ambiental para el proyecto central hidroeléctrica “Pescader-Ituango” y se toman otras determinaciones. Disponible en: http://hidroituango.com.co/images/hidroituango/Documentos/Resoluci%C3%B3n%200155%20de%202009%20Licencia%20Ambiental.pdf-

[16] Ver audiencias de la CIDH sobre derechos humanos, desarrollo e industria extractiva en Colombia. 31 de octubre de 2013: https://www.youtube.com/watch?v=jo866NReaoE; y sobre desplazamiento forzado y proyectos de desarrollo en Colombia. 27 de octubre de 2014: https://www.youtube.com/watch?v=j70U4_m9pb8

[17] http://www.contagioradio.com/nuevamente-epm-y-esmad-realizan-desalojo-forzoso-por-hidroituango-articulo-6521/

[18] Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución 0155. 30 enero 2009. Por la cual se otorga una licencia ambiental para el proyecto central hidroeléctrica “Pescadero-Ituango” y se toman otras determinaciones. Disponible en: http://hidroituango.com.co/images/hidroituango/Documentos/Resoluci%C3%B3n%200155%20de%202009%20Licencia%20Ambiental.pdf-

[19] Número 5 del Título II de la Política, sobre Compromisos de la CII

[20] EPM. Proyecto Ituango. Peque, Sabemos que hay impactos y los manejamos responsablemente. Disponible en: http://www.epm.com.co/site/Nuestrosproyectos/ProyectoItuango/Hechosdeprogreso/Peque.aspx

[21] Bridget R. Deemer, et al. Greenhouse Gas Emissions from Reservoir Water Surfaces: A New Global Synthesis. P.1. 2016. BioScience: biw117v1-biw117. Disponible en: http://bioscience.oxfordjournals.org/content/early/2016/10/02/biosci.biw117.full.pdf+html

[22] Vea Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo en http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm

Gobernación de Antioquia firma decreto para atender conflictos de Hidroituango a solicitud del Movimiento Ríos Vivos Antioquia

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El Decreto 2016 07 000 1606 surge con el objetivo de dar atención a las demandas históricas de los afectados por Hidroituango, para ello se contempla la creación de una Mesa de Diálogo para el Análisis y Búsqueda de Soluciones de Conflictos Generados por la Construcción de Mega Proyectos Minero Energéticos. De este modo es necesario que las organizaciones sociales que se consideran afectadas por megaproyectos en sus territorios se inscriban antes del 14 de mayo en las alcaldías de sus municipios atendiendo lo requisitos de la convocatoria enviada a las respectivas administraciones municipales.
 La formulación de este decreto surgió al término de la Jornada del 14 de marzo de 2016, día internacional de acción contra represas y por los ríos, el agua y la vida celebrada anualmente por las comunidades afectadas por represas alrededor del mundo y en el marco del VI Jornada Nacional en Defensa de los territorios convocada por el Movimiento Ríos Vivos Colombia. Para esta jornada en Medellín se hizo extensiva la invitación a organizaciones sociales, ambientales, sindicatos, académicos y comunidad en general, para llevar a cabo una acción simbólica que buscaba exaltar la importancia de las aguas para la vida y su relación con las culturas que interactúan en las cuencas que están en riesgo de desaparecer por influencia de grandes represas y proyectos mineros de gran envergadura.
 Esta movida cultural y por el agua inició en el parque de Botero donde más de 460 personas provenientes del Cañón del Río Cauca se encontraron con otros procesos organizativos como el Cinturón Occidental Ambiental –COA, el MOVETE, la Mesa Inter-barrial de desconectados, la Mesa de Víctimas de la comuna ocho, Agrodescendientes y el Congreso de los pueblos, entre otras y tras interactuar sobre las problemáticas del agua en la región y el país llegó hasta la plaza Cisneros frente a la Gobernación de Antioquia donde se llevó a cabo un intercambio cultural de las culturas ribereñas, un homenaje a Berta Cáceres, Ananías Rojas, Nilce de Souza  y demás luchadores sociales a los que les han arrebatado la vida por defender los ríos y sus territorios, se exigió la seguridad y protección de Gustavo Castro víctima del abuso de autoridad del Estado Hondureño y se hizo un llamado a todos para Confluir en torno a las luchas por el agua.
 El 15 de marzo el Movimiento Ríos Vivos Antioquia se reunió con el Gobernador Luis Pérez Gutiérrez llegando al acuerdo de construir el Decreto (1606) que buscará dar atención a los conflictos generados por Hidroituango pero también por otros megaproyectos mineroenergéticos en el departamento. Para el Movimiento dicho acuerdo es una señal positiva de la actual gobernación por atender de fondo los conflictos generados por el proyecto Hidroituango, contrario al Gobernador de la “Antioquia la más educada”, quien se rehusó a sostener un diálogo directo con las comunidades afectadas por dicho proyecto a pesar de ser una iniciativa que cuenta con inversión de dineros públicos, 53% es inversión de la Gobernación de Antioquia.
El Movimiento espera que de la mesa de diálogo surjan propuestas y rutas de trabajo para mitigar los impactos de la megaobra, para  dar seguimiento a la licencia ambiental y autos sancionatorios que dan cuenta de los indebidos procedimientos en que ha incurrido la empresa en la ejecución del proyecto, y que por denunciar y cuestionar, los integrantes del movimiento Ríos Vivos han sido estigmatizados y amenazados. En otros casos, como por ejemplo, durante las visitas de la ANLA a la zona en noviembre de 2015, fueron agredidos por personal de seguridad al servicio de la empresa.
Dicha mesa deberá atender las demandas de las comunidades que no encuentran eco o atención en los mecanismos de reclamación del estado e incluso los dispuestos a nivel nacional para dar seguimiento a las licencias ambientales y denunciar irregularidades.
Sin lugar a dudas, el Decreto 1606 es una herramienta que contribuye a la garantía de derechos ciudadanos, a la participación ciudadana en la búsqueda de Justicia Social y Ambiental que pueden hacer uso todas las organizaciones en el área de influencia de megaproyectos minero energéticos en Antioquia que se sientan y puedan demostrar como dichos proyectos les afectan.
Aguas para la vida, no para la muerte.
El río Cauca nos abraza, EPM nos desplaza

 

El Cerrejón en Colombia: vulneraciones del derecho humano al agua, la alimentación y la salud

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Siguen las denuncias en ONU

El Cerrejón en Colombia: vulneraciones del derecho humano al agua, la alimentación y la salud

Amigos de la Tierra Internacional está denunciando los abusos cometidos por el proyecto minero carbonífero El Cerrejón, en el departamento colombiano de La Guajira, en la primer sesión del Grupo Intergubernamental de Trabajo de Naciones Unidas sobre corporaciones transnacionales y derechos humanos, que se realiza en Ginebra, Suiza.

Las corporaciones denunciadas son las tres dueñas del emprendimiento en partes iguales, gigantes del rubro a nivel mundial: BHP Billiton, Anglo American y Glencore.

La zona de explotación del proyecto, que ya lleva más de 33 años, tiene una “completa escasez de los medios de subsistencia por los modelos de ocupación transnacionales que han afectado la vida de la gente, con precariedad absoluta en cuanto a la posibilidad de mantener la vida”, denunció a Radio Mundo Real en Ginebra el activista Danilo Urrea, integrante de CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia. Explicó que las comunidades sufren por las dificultades de acceso al agua, para cultivar sus alimentos y tener sus plantas mediciales. “Se pierde la posibilidad de la cultura en la dimensión más amplia del término”, dijo.

Urrea contó que se prevé que la minería siga explotando en la zona 500 millones de toneladas de carbón que están bajo el río Ranchería, única fuente superficial de agua importante del departamento, y otros 40 millones de toneladas que están bajo el arroyo Bruno.

El integrante de CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra

Tomado de: http://www.radiomundoreal.fm/8418-siguen-las-denuncias-en-onu

La inversión brasilera en Antioquia y las formas rurales y urbanas de habitar el territorio.

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Afiche evento invesion brasilera

–    JORNADA DE REFLEXIÓN –

Medellín, 13 de julio de 2015

En Colombia los planes de gobierno de los últimos 20 años han privilegiado la implementación de un modelo económico de desarrollo extractivo, el cual plantea una reconfiguración territorial a partir de la consolidación de diferentes proyectos y megaproyectos. Uno de los sectores claves para lograr este objetivo es el sector de infraestructura en el cual se han planteado grandes e importantes obras en todo el territorio nacional mediante la construcción de centrales hidroeléctricas, represas, carreteras e hidrovías.

Los megaproyectos actualmente en proceso de ejecución y adjudicación en el país implican importantes impactos en materia social y ambiental tanto a las comunidades directamente afectadas como a los diferentes ecosistemas que se ven transformados, y donde se acumula un pasivo ambiental no cuantificado. A partir de estos impactos consideramos fundamental entender a fondo quienes son los actores principales en los diferentes proyectos y cuál es la responsabilidad de los mismos.

Desde los comienzos de este siglo los grupos empresariales brasileros han tomado el liderazgo en la ejecución de proyectos de infraestructura en toda Suramérica, y en Colombia encontramos a Odebrecht como socia mayoritaria de Navelena, la empresa a cargo del proyecto de recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena; y Camargo y Correa a cargo de la construcción de parte de la Hidroeléctrica de Ituango, ambos proyectos tienen en común el manejo de presupuestos millonarios, y que las obras comprometen a los dos ríos más importantes del país: el Río Magdalena y el Río Cauca.

Es necesario por tanto divulgar como es el desempeño de esas empresas a lo largo del continente, al igual que conocer los escenarios de incidencia por parte de la sociedad civil frente a esas empresas, y por último generar un espacio de dialogo y discusión en torno a las realidades rurales y urbanas en Antioquia y la posibilidad de articulación para la defensa de las formas tradicionales y ancestrales del ser y habitar los territorios.

Objetivos

  1. Reflexionar colectivamente sobre las empresas traslatinas sus modos de operación y rutas de acción para la participación comunitaria
  2. Dialogar entre experiencias urbanas y rurales que priorizan sus formas de vidas y cultura sobre el desarrollismo impuesto

Agenda – Lunes 13 de julio de 2015

10:00 – 10:30 am:      Presentación y reflexión en torno al modelo energético – Movimiento Ríos Vivos

10:30 a 12:30 a.m.     Panel 1. Lanzamiento Libro: Inversión De Empresas Brasileras en América Latina

  • Grupo EPM y la presencia de Camargo correa en el norte Antioquia. Edgar White Jubilado EPM, ex presidente Simtramdes y Relato del Movimiento Ríos Vivos Antioquia.
  • Cómo actúan las inversiones brasileñas. El papel del Banco Nacional de Desenvolvimento. María Elena Rodríguez – IBASE (BRASIL)
  • Las inversiones en el río Magdalena e HidroItuango el papel de Camargo y Correa y Odebrecht en Colombia . Reflexión Vanessa Torres. Ambiente y Sociedad.

 12:30 a 02:00 p.m       RECESO – Almuerzo

02:00 a 04:00 p.m.     Panel 2. Experiencias y propuestas del ser y habitar el territorio

  • Experiencia de la Mesa interbarrial de servicios públicos
  • Experiencias del MOVETE
  • Experiencia Ríos vivos Antioquia
  • Experiencia de la Red de Acción Frente al Extractivismo.
  • Experiencia del Consejo Comunitario Mayor del Río Porce (por confirmar)
  • Intervenciones de los asistentes: sindicatos, organizaciones sociales,

04: 00 p.m. a 05:00 p.m.        Propuestas de articulación y revisión de agendas.

Participantes e invitados:

Comunidades afectadas por las represas en el oriente Antioqueño: Central Hidroeléctrica San Carlos, Calderas, Comunidades afectadas por la construcción de la represas Hidroituango, Comunidades afectadas por la construcción de la represa Cañafisto, Mesa Interbarrial de Desconectados, Comunidades afectadas por las represas del Porce y comunidad en general.

Entrada libre previa inscripción (cupo limitado, se ofrecerá copia del libro para los primero inscritos). Enviar nombre, correo, teléfono de contacto y organización a: riosvivoscolombia@gmail.com

CONVOCANTES

Red de Acción Frente al Extractivismo

Movimiento Ríos Vivos Antioquia

MOVETE

Mesa Interbarrial de desconectados

Asociación Ambiente y Sociedad

Instituto Brasilerio de Analisis Sociais y Economicos – IBASE

Corporación Jurídica Libertad

Coalición para la Transparencia y la Participación

Conciudadanía

Se exige a El Cerrejon y alcaldia de Hatonuevo respetar los derechos de las comunidades

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COMUNICADO

A LA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL Y AL DESLOJADO PUEBLO DE TABACO
 Nuestra comunidad, habitante del corregimiento de Tabaco (municipio de Hatonuevo) en La Guajira colombiana, fue violentamente despojada de su territorio ancestral para la implementación del megaproyecto Cerrejón de extracción de carbón a tajo abierto.
Luego de catorce años del desalojo, en los que hemos luchado por nuestros derechos y hemos obtenido sentencias que obligan a la reubicación del pueblo, la empresa Cerrejón y la alcaldía de Hatonuevo persisten en su abuso de poder en contra de nuestra comunidad para evadir sus responsabilidades en la reubicación.
Ahora, insistiendo en los mecanismos de división y ruptura de nuestra organización Junta Social Pro Reubicación de Tabaco, se atribuyen facultades estatutarias exclusivas de sus miembros que están amparadas por el derecho de asociación y la autonomía organizativa.
Con esto confunden y distorsionan la información convocando a asambleas extraordinarias sin nuestro consentimiento. Esto nos ha obligado a presentar nuevos recursos jurídicos. En el último de ellos el juez de Hatonuevo ordenó a la empresa y a la alcaldía la “suspensión” de la “asamblea que estaba prevista para el 12 de junio” al analizar las razones expuestas por nuestra organización.
Se evidencia una vez más, que la empresa ejerce su poder para evitar que los y las ciudadanas que le reclaman puedan ejercer y realizar sus derechos, y que el estado colombiano en sus diferentes niveles desampara a las comunidades situándose al lado de estas empresas profundizando con ello, las enormes asimetrías de poder que se imponen en los territorios como el nuestro de interés para actividades extractivas.
Esperamos que la empresa Cerrejón, y la alcaldía de Hatonuevo en representación de la institucionalidad colombiana, por fin, respeten los derechos de las  comunidades afectadas por la implementación del megaproyecto carbonífero; escuchen y resuelvan las quejas que cada día se aumentan sobre la pérdida de territorios ancestrales, contaminación y destrucción ambiental, daños en la salud, ruptura de los tejidos sociales, culturales, económicos y agrícolas así como la pérdida sistemática de acceso al agua, la tierra y la justicia.



Junta Social Pro Reubicación de Tabaco
Albania y Hatonuevo Guajira, 11 de junio de 2015